El debate por la Ley de Salud Mental en el Congreso de la Nación pone en relieve dos paradigmas de abordaje y dos modelos de sociedad en disputa
La discusión por la reforma de la Ley de Salud Mental volvió a instalarse en el Congreso de la Nación y reavivó un debate que excede largamente el plano sanitario. Detrás de los cambios impulsados sobre la normativa aparecen dos formas de entender la salud mental, el rol del Estado y las respuestas frente al sufrimiento social.
Mientras el Gobierno nacional impulsa modificaciones que, según argumenta, buscan agilizar intervenciones e internaciones, desde la provincia de Buenos Aires advierten sobre un “retroceso conceptual” que podría transformar profundamente el paradigma vigente desde 2010.
La tensión quedó expuesta durante el plenario de Salud y Legislación General del Senado, donde la subsecretaria de Salud Mental y Consumos Problemáticos bonaerense, Julieta Calmels, cuestionó duramente el proyecto de reforma impulsado a nivel nacional. La funcionaria aseguró que la iniciativa se debate “en el momento de mayor crisis histórica de salud mental” y advirtió que el sistema público atraviesa una situación crítica de sobredemanda.
Según detalló, un relevamiento realizado junto a 16 provincias mostró que las internaciones por salud mental aumentaron un 77% desde 2019, mientras que las consultas ambulatorias crecieron un 134%. En territorio bonaerense, además, las internaciones de menores de 18 años casi se duplicaron en los últimos años. A eso, sostuvo, se suma el deterioro del sistema sanitario producto de la pérdida de cobertura médica de unas 750 mil personas y las dificultades crecientes de obras sociales y prepagas para sostener prestaciones.
La crisis se agudizó aún más con el cierre del programa Remediar Salud Mental, que garantizaba la provisión gratuita de medicamentos esenciales para miles de usuarios que probablemente no puedan acceder a los mismos por su propios medios. Lo que en la cartera que conduce Nicolás Kreplak no dudan en calificar de "crueldad, no hay otra", describen.
Desde el Gobierno bonaerense plantean que la discusión legislativa no puede separarse del contexto económico y social. “Si vos no tenés laburo, tu salud mental va a estar afectada y quizá eso no tiene que ser encuadrado en un diagnóstico”, explicaron a este medio desde el área de Salud Mental de la Provincia. En ese sentido, cuestionan que el debate se concentre exclusivamente en categorías clínicas o psiquiátricas y no en las condiciones materiales que atraviesan los padecimientos contemporáneos.
Aunque gran parte de la discusión pública gira alrededor de internaciones, equipos médicos o procedimientos judiciales, el núcleo del debate aparece en otro lado: cómo interpreta el Estado el sufrimiento psíquico y social.
Uno de los puntos más resistidos por Provincia es la eliminación del concepto de “padecimiento” para reemplazarlo por nociones ligadas a “trastornos” o “enfermedades mentales”. Para quienes rechazan la reforma, esa modificación implica mucho más que un cambio terminológico. “Trastorno es una mirada individual; padecimiento incluye el proceso histórico, social y comunitario”, explicaron desde el Ministerio de Salud bonaerense.
La ley vigente entiende la salud mental desde una perspectiva interdisciplinaria y comunitaria, atravesada por derechos humanos y por las condiciones concretas de vida de cada persona. Bajo esa lógica, el sufrimiento no puede analizarse únicamente desde el diagnóstico clínico, sino también desde factores como la precarización laboral, las violencias, los consumos problemáticos, el acceso a derechos o las trayectorias sociales.
“¿El problema sos vos o el problema es el conjunto, la sociedad, el ambiente, la época?”, resumieron, en una pregunta, desde el área provincial al explicar la tensión de fondo que atraviesa el debate parlamentario.
Desde la mirada crítica hacia la reforma, el nuevo enfoque tendería a recentrar la salud mental en diagnósticos individuales y abordajes medicalizantes. También cuestionan el fortalecimiento del rol obligatorio de la psiquiatría para integrar equipos interdisciplinarios o autorizar internaciones, algo que Calmels definió como “inviable” frente a la escasez de profesionales en todo el país.
En paralelo, desde Provincia también cuestionan la eliminación de referencias a tratados internacionales de derechos humanos y alertan por el artículo que quitaría el compromiso financiero del Estado nacional hacia las provincias en materia de salud mental. “El problema no es solo conceptual. También hay un retiro del Estado”, sostienen.
Para los sectores que rechazan la reforma, la discusión legislativa refleja en realidad un conflicto mucho más amplio sobre cómo abordar los problemas sociales contemporáneos.
“Estamos en un momento donde se discute Estado presente o retirada del Estado para la preponderancia del mercado”, explicaron desde Salud bonaerense. Bajo esa lectura, tanto la reforma de la Ley de Salud Mental como otros debates impulsados por el oficialismo nacional -como la baja de la edad de imputabilidad- forman parte de una misma matriz conceptual: la tendencia a reducir fenómenos colectivos a responsabilidades individuales. “Si pasan cuestiones disruptivas, o te diagnostican y te encierran, o te meten preso”, sintetizaron desde el área.
La crítica apunta especialmente a lo que consideran una mirada centrada en el “modelo médico hegemónico”, basado en respuestas unívocas para problemas complejos. “Un problema, una solución y una estrategia única”, definieron.
En contraposición, desde la Provincia defienden un modelo de salud mental comunitaria que busca intervenciones múltiples y situadas. Eso implica pensar simultáneamente herramientas como acompañamiento individual, trabajo institucional, articulación territorial, abordajes grupales, y estrategias preventivas.
La diferencia entre ambos paradigmas, sostienen, termina impactando directamente sobre las políticas públicas. “Qué prisma utilizás para entender lo que está sucediendo te va a permitir pensar diferentes estrategias”, remarcaron.
La discusión aparece con especial fuerza en las adolescencias y en el ámbito educativo. Allí, desde el Ministerio de Salud bonaerense aseguran que las escuelas se transformaron en “una usina donde se reproducen y se manifiestan síntomas sociales”.
Amenazas entre estudiantes, episodios de violencia, aislamiento, autolesiones, conflictos vinculados a redes sociales o grupos digitales extremizados forman parte de una realidad cada vez más visible dentro de las instituciones educativas. Sin embargo, para especialistas y funcionarios provinciales, esos fenómenos no pueden analizarse únicamente como problemas individuales o disciplinarios.
“La escuela recibe y expresa conflictos que vienen de otros lados”, explicaron. Y agregaron que las categorías tradicionales “quedaron cortas” para interpretar lo que sucede actualmente con adolescentes y jóvenes, especialmente tras la pandemia y en un contexto atravesado por redes sociales, hiperconectividad y deterioro económico.
En esa línea, dentro del sistema educativo bonaerense conviven hoy dos modelos de intervención. Por un lado, una lógica más vinculada a seguridad, protocolos y judicialización; por otro, una mirada centrada en la escucha, el cuidado y el abordaje comunitario.
Las propias guías de intervención elaboradas por la Provincia plantean que los conflictos escolares deben entenderse “situacionalmente” y como fenómenos relacionales, evitando respuestas automáticas o exclusivamente punitivas. Allí se habla de “corresponsabilidad”, “escucha”, “cuidado” e “intervenciones integrales”, conceptos que dialogan directamente con el paradigma defendido por el Ministerio de Salud bonaerense.
“Las categorías de entendimiento que tenemos quedaron viejas para explicar muchas de las cosas que están pasando”, señalaron desde el área. “Los policías no entienden a los pibes, la escuela no termina de entender a los pibes y muchas veces los profesionales tampoco”.
El debate abierto en el Congreso termina funcionando así como una disputa mucho más profunda sobre el rol del Estado, los modos de intervención pública y la forma de interpretar el sufrimiento social contemporáneo.
De un lado aparece un paradigma que pone el foco en diagnóstico, trastorno, intervención clínica, judicialización y responsabilidades individuales. Del otro, una mirada que prioriza comunidad, contexto social, derechos humanos, interdisciplinariedad, prevención y corresponsabilidad estatal.
En el medio quedan escenarios cada vez más complejos donde los síntomas sociales aparecen antes que nada en escuelas, hospitales y barrios. Y donde las respuestas ya no parecen reducirse únicamente a una discusión sanitaria, sino a una pregunta más amplia sobre qué tipo de sociedad se pretende construir.