El Ejecutivo llevará al Senado la norma. La titular del área de Salud Mental bonaerense, Julieta Calmels advirtió: "Que dejen de vender espejitos de colores"
Nación impulsa cambios en la Ley de salud mental mientras desfinancia la atención.
El Poder Ejecutivo de la Nación presentará en el Senado un proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental, N° 26.657. Según apuntan desde el Gobierno nacional la propuesta legislativa busca "mejorar la respuesta del sistema sanitario ante situaciones que bajo la ley actual no encuentran suficiente amparo".
"Luego de 15 años desde su reglamentación, tan solo 16 jurisdicciones han adherido formalmente a la ley vigente. Por otro lado, únicamente 18 provincias cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas para internación. Esto genera desigualdades en el acceso a los servicios, especialmente en las regiones con menos recursos", señala la presentación oficial.
En diálogo con El Editor Platense, la Subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, Julieta Calmels señaló: "El Gobierno nacional anunció por redes una reforma de la Ley de Salud Mental, pero desconocemos hasta el momento el proyecto porque no fue ingresado al Congreso todavía, con lo cual la manera en la que ya se instala el tratamiento del tema muestra la falta de responsabilidad y de seriedad para una discusión tan importante como es la salud mental".
"Por otro lado, lo que se plantea en algunas placas de redes por parte del Ministro de Salud de la Nación genera mucha confusión porque gran parte de las cosas que se proponen son cosas que ya existen y que son prácticas que se realizan y están dentro de los marcos normativos existentes. Además no se comprende cuáles serían los beneficios de algunos cambios, por ejemplo, mantener los manicomios siendo que es una alternativa que ya a nivel mundial está planteada como caduca y siendo que a la vez los lugares especializados de salud mental que supuestamente bregarían por sostener y por ampliar están siendo desfinanciados por el mismo gobierno, por ejemplo, como es el caso del Hospital Laura Bonaparte, que es un hospital nacional de dependencia exclusiva de la Nación que tiene un 25% menos de presupuesto y un 40% menos de personal", apuntó.
Calmels reiteró: "No se comprende qué quieren hacer, es muy irresponsable de plantearlo y en paralelo lo que vemos es un absoluto abandono de sus responsabilidades financieras y de gestión de política pública, no se llama el Consejo Federal de Salud Mental donde se reúnen históricamente todas las autoridades del país de salud mental y consumos problemáticos para establecer estrategias conjuntas, hacer diagnósticos... Venimos haciendo un reclamo con más de 16 provincias para que se constituya sin que se haya podido tener una reunión. A la vez se abandonó el programa Remediar Salud Mental, programa que entregaba medicación de psicofármacos dejó de hacerlo".
"Se abandonaron todas las casas para externación, las salas, las reformas edilicias que tenían financiamiento nacional en los hospitales, en los centros juveniles para las casas jóvenes que impulsaba el SEDRONAR, etcétera, sólo en la provincia de Buenos Aires representa 93.000 millones de pesos de compromisos abandonadas por la Nación entonces no se entiende cómo va a producir una mejora en las condiciones de cuidado a la vez que hay un retiro abrupto de lo mínimo de lo que se ocupaba el Gobierno nacional, mientras que las provincias hacemos un esfuerzo desmedido en mejorar las condiciones. En el caso de nuestra Provincia se aumentó un 139% programa de entrega de psicofármacos y ampliaron un 70% de las guardias hospitalarias con más de 1000 trabajadores específicamente ingresados para eso", apuntó.
Para finalizar Calmels agregó: "Se generaron programas, entre otros, un programa salud mental en contexto escolar que ya llegó a medio millón de chicos y se amplió en un 37% de la cantidad de trabajadores globales dedicados a la salud mental. Necesitamos que se tome con seriedad y responsabilidad el tema y se deje de vender espejito de colores".
El proyecto propone habilitar las internaciones en hospitales generales para casos leves, y reservar los hospitales e instituciones especializadas para cuadros graves. De esta manera se busca evitar situaciones en las que pacientes con cuadros complejos son atendidos en hospitales generales que, en muchos casos, no cuentan con los recursos adecuados para su tratamiento.
Otro de los puntos que propone actualizar el nuevo proyecto son los criterios de internación. En lo que refiere a las internaciones involuntarias, la normativa actual establece que solo puede disponerse cuando existe un “riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”. Ahora bien, este criterio tiene en cuenta únicamente la situación del paciente al momento de la evaluación médica, impidiendo, en muchas ocasiones, intervenciones preventivas en contextos de crisis.
Por este motivo, la propuesta que se presentará ante senadores propone implementar un criterio situacional para la evaluación del riesgo considerando el contexto general del cuadro, en el que se incluyen los antecedentes recientes de conductas riesgosas, y la evolución previsible del paciente en caso de no recibir tratamiento.
Asimismo, se establece que uno de los médicos intervinientes en determinación de las internaciones involuntarias debe ser médico psiquiatra, a diferencia del esquema vigente que no establece su participación obligatoria en todas las evaluaciones. Lo que se busca mediante esta modificación es garantizar una evaluación clínica más completa y reducir el riesgo de confundir cuadros médicos con problemas exclusivamente de salud mental.
Cabe destacar que la internación seguirá siendo un recurso excepcional. En urgencias, el médico interviniente podrá indicar una internación involuntaria, que deberá ser ratificada por el equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. Se propone además extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la Justicia.