Legisladores e intendentes de Juntos por el Cambio (JxC) ratificaron este martes la denuncia que presentaron la semana pasada para que se impulse un jury de enjuiciamiento contra los jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, que resolvieron anular la causa y dictar la liberación de Julio ‘Chocolate’ Rigau.
El diputado nacional Ricardo López Murphy; el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel; y la candidata a Senadora bonaerense de Juntos por el Cambio, María Eugenia Talerico, pidieron que se investigue a los magistrados que frenaron la investigación que llevaba adelante la fiscal Betina Lacki junto con el Juez de Garantías, Federico Atencio, quienes buscan que la Cámara de Casación reabra la causa.
“Hay una cobertura de la justicia hacia la política porque estamos hablando de un entramado de corrupción.La excarcelación a Chocolate Rigau es la punta de un iceberg”, manifestó Talerico este lunes en declaraciones a la prensa. Y agregó: “Estos dos camaristas pasaron por arriba al juez y la fiscal que estaban actuando y decidieron anular una investigación con argumentos absolutamente inverosímiles. No nos cabe ninguna duda que estamos ante un suceso de la justicia encubriendo hechos de corrupción muy graves”.
Tal como precisaron en la denuncia, los referentes opositores señalaron que la Legislatura bonaerense reporta gastos en torno a los 60 mil millones de pesos cuando “podría funcionar con 9 mil millones”. “Queremos saber a quiénes contratan con el resto del dinero, a dónde se gira esa plata y quién está detrás de todo esto”, ahondó Iguacel.
Los legisladores referenciados con la candidata a presidenta de JxC, Patricia Bullrich, señalaron que la exministra de Seguridad de la Nación los instruyó a “ir hasta las últimas consecuencias” y anticiparon que desde el bloque opositor tomarán medidas consecuentes. “Facilitaremos la nómina de empleados, asesores, subsidios y tributistas de Juntos en el parlamento”, manifestó López Murphy.
En la presentación de 16 hojas que ingresó la semana pasada a la Justicia, los representantes de JxC reclamaron la continuidad de la investigación y denunciaron la existencia de una presunta organización delictiva con el objetivo de defraudar al Estado. “Creemos que resulta evidente que semejante cantidad de tarjetas para extraer dinero público en poder de una sola persona, demuestran que no actúa solo y que forma parte de un armado mayor de corrupción, de presta nombres, de padrinos políticos que se han organizado para defraudar al Estado”, expresaron en uno de los artículos.
En otro pasaje del documento, los denunciantes remarcaron que Rigau fue defendido por el reconocido abogado platense Alfredo Gascón Cotti, quien sería también asesor en la Legislatura. “Es otro dato que hace inexcusable investigar con seriedad, profundidad y responsabilidad el uso del dinero público en la Legislatura bonaerense y las responsabilidades políticas en torno a esos manejos posiblemente ilícitos”, ahondaron.
Los opositores hicieron un desglose de los gastos de la Cámara baja en materia de personal y el impacto del caso en el erario público. “La cuestión que se pone a la luz con el asunto ‘Rigau’ impone investigar la razonabilidad del costo presupuestario de la Legislatura a la luz de la posible comisión de hechos ilícitos y fraudulentos en el manejo del dinero público.
