Tras el revés de la Ley Bases, el oficialismo lanzó un movimiento que movilizó al arco político ya que, si bien el presidente Javier Milei lo había anticipado en campaña, no se preveía que se efectivice en este marco. Cinco diputados de la Libertad Avanza presentaron en las últimas horas un proyecto para derogar la ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que se aprobó en 2020.
El proyecto, que ingresó en las últimas horas, pretende criminalizar tanto a las personas que se hagan un aborto como a los médicos que lo practiquen. La iniciativa fue presentada por la legisladora Rocío Belén Bonacci y también acompañaron con sus firmas los diputados Lilia Lemoine, Oscar Zago, Benedit Beltrán, María Fernanda Araujo y Manuel Quintar. El proyecto recién podrá tratarse en sesiones ordinarias a partir del 1° de marzo, salvo que el Presidente lo incluya en el temario de extraordinarias.
El texto cuenta con cinco artículos. El primero expone la derogación de la Ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y solicita la derogación y modificación del artículo 85 del Código Penal de la Nación para que se incluya la reclusión o prisión de tres a 10 años para quienes “le practiquen el aborto a una mujer sin su consentimiento”. La pena aumentaría a 15 años si la mujer muriera. En tanto, si la mujer brindara su consentimiento, el médico podría tener entre uno y cuatro años de prisión y, si la paciente muriera, la pena podría ser de hasta seis años.
El artículo 4 del proyecto solicita que se modifique el artículo 86 del Código Penal de la Nación y se incluya la inhabilitación “especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo” . “El aborto causado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta y con el fin de evitar un peligro inminente para la vida de la madre no es punible, siempre que el peligro no pueda ser evitado por otros medios”, sigue.
Por último, el proyecto pide modificar el artículo 88 del Código Penal de la Nación y que se establezca una pena de prisión de uno a tres años para “la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare”. “La tentativa de la mujer no es punible. El juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho”, suma.