La Corte Suprema de Justicia iniciará el año judicial con la primera reunión de acuerdo, en un contexto determinado por el pedido de juicio político que sostiene el oficialismo en el Congreso contra los cuatro miembros del máximo tribunal.
Todo indica que los coletazos del escándalo entre el colaborador del presidente del tribunal, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro se van a tratar en esta reunión de acuerdo.
Más allá de la conducta de sus miembros, el tribunal supremo tiene una agenda de alto impacto en lo inmediato, que involucra la coparticipación de impuestos que recibe la ciudad de Buenos Aires y la distribución política de las bancas en el Consejo de la Magistratura, el órgano que elige y remueve jueces.
En cuanto a la coparticipación, la Corte falló en diciembre pasado a favor de la Ciudad en su disputa por los fondos con la Nación y elevó su participación al 2.95 por ciento de los fondos distribuibles.
El Gobierno recurrió inmediatamente la decisión y solicitó que el tribunal se forme con conjueces que no hayan participado del fallo y sobre esos pedidos tiene pendiente una definición la Corte.
Sobre el conflicto en el Consejo de la Magistratura, la Corte definió que la separación del bloque oficialista había sido un "ardid" para tener más representantes y que por tanto la banca correspondía a la oposición.
El oficialismo ratificó su designación de Martín Doñate y como respuesta la Corte dejó pendiente el juramento de los cuatro senadores, con lo cual todavía está pendiente de integración el órgano que selecciona y eleva ternas de jueces al Poder Ejecutivo.
El conflicto de poderes se agudizó en las últimas horas para Rosatti cuando la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, presentó una recusación en contra del magistrado con la convicción de que, como presidente del Consejo, no puede intervenir porque sería "juez y parte".