La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se impacienta con Kicillof y con el Senado por la falta de jueces para completar el máximo tribunal
La Corte Suprema de la Provincia reclama por vacantes
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dejó atrás su tradicional perfil bajo y empezó a moverse como un actor político más dentro del tablero provincial. El máximo tribunal endureció su postura frente a la falta de definiciones del poder político y expuso una crisis que ya no se limita al plano judicial.
El reclamo tiene como destinatarios concretos al gobernador Axel Kicillof y al Senado bonaerense, responsables de avanzar con la cobertura de las cuatro vacantes que mantienen al tribunal funcionando con apenas tres miembros. Desde la Corte advierten que esta situación compromete el normal funcionamiento del sistema, afecta la previsibilidad de los fallos y obliga a recurrir a integraciones extraordinarias que debilitan la autoridad del cuerpo.
Pero la presión no se agota en los nombramientos. En paralelo, el tribunal también impulsa su proyecto de autarquía financiera, una iniciativa que busca reducir la dependencia del Ejecutivo y que, en la práctica, reabre la discusión sobre el equilibrio de poder dentro de la provincia. Así, en medio de una parálisis política que demora acuerdos, la Corte decidió salir a escena y marcar los tiempos de una disputa que ya excede lo judicial.
En ese escenario, las vacantes se convirtieron en una pieza más de la negociación política. Aunque en reserva, en La Plata circulan distintos nombres impulsados por sectores del oficialismo y la oposición, con terminales tanto en el peronismo como en el radicalismo y el PRO. La falta de definiciones expone no solo la dificultad de Axel Kicillof para construir los consensos necesarios en el Senado, sino también una interna abierta sobre el perfil que debería tener la futura Corte, en un equilibrio delicado entre representación política y legitimidad técnica.
A diferencia de los jueces de instancias inferiores, los candidatos a la Suprema Corte no pasan por el Consejo de la Magistratura. A saber: es el Gobernador de la Provincia quien elije el o los nombres de los candidatos para ocupar el máximo tribunal. Antes de enviar el pliego, el Ejecutivo debe dar a conocer los antecedentes del candidato para que la ciudadanía y las ONGs puedan presentar impugnaciones o avales a dichas candidaturas.
Una vez que el Gobernador firma el pliego, este ingresa al Senado y va directamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA). Esta comisión es el filtro donde se analiza la idoneidad técnica y moral del o de los postulantes. Si el pliego obtiene dictamen favorable, baja al recinto para su votación. Esta es la parte donde la política define todo, ya que para que cada pliego sea aprobado, se necesitan dos tercios de los votos, un número que obliga al oficialismo a alcanzar acuerdos previos con la oposición.
Una vez que el Senado da el ok, se comunica la decisión al Poder Ejecutivo, y el gobernador firma el decreto de designación. Finalmente, el o los elegidos, toman juramento ante el titular de la Suprema Corte.