Un fiscal sostuvo que la causa por la reforma laboral debe seguir en el fuero laboral, tal como pide la CGT. Revés para la estrategia judicial del Gobierno
Guiño judicial para la CGT por la reforma laboral
Un dictamen del fiscal general Rodrigo Cuesta introdujo este lunes un elemento clave en la disputa judicial por la reforma laboral. Recomendó que la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) continúe en la Justicia del Trabajo. Se trata de un primer respaldo técnico a la estrategia sindical y un revés para el Gobierno nacional.
Cabe señalar que lo que está en juego no es todavía la constitucionalidad de la Ley 27.802, sino qué fuero tendrá la potestad de analizarla. En ese terreno, el dictamen de Cuesta inclina la balanza a favor de la central obrera.
La secuencia se inició el 6 de marzo, cuando el Gobierno promulgó la reforma laboral. Pocos días después, la CGT presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad cuestionando un amplio conjunto de artículos y logró radicar el expediente en el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, que se declaró competente y le dio curso como proceso colectivo de alcance nacional.
El primer impacto judicial llegó a fines de marzo, cuando ese mismo juzgado dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación de los artículos impugnados. Fue la primera señal de alerta para el Ejecutivo, que reaccionó rápidamente con una estrategia procesal: intentar sacar el caso del fuero laboral.
El 25 de marzo, el Estado presentó una inhibitoria para trasladar la causa al fuero Contencioso Administrativo Federal. El argumento central fue que, al estar demandado el Estado y discutirse la validez de una ley, debía intervenir la justicia especializada en cuestiones administrativas y no la laboral.
Esa jugada encontró un respaldo inicial el 10 de abril, cuando el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 aceptó la inhibitoria y se declaró competente. Sin embargo, la respuesta del fuero laboral no tardó en llegar: el 17 de abril, el Juzgado del Trabajo N° 63 rechazó ese planteo, ratificó su competencia y defendió que la materia en discusión es estrictamente laboral.
Con dos jueces reclamando el mismo expediente, el conflicto escaló a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que ahora debe definir quién se queda con la causa. En paralelo, la disputa por la cautelar también sumó un capítulo propio: el 23 de abril, la Cámara Nacional del Trabajo le otorgó efecto suspensivo a la apelación del Estado, dejando en revisión la suspensión de la ley.
En ese contexto, el dictamen de Cuesta aporta un elemento central. El fiscal sostiene que, más allá de que el Estado sea parte, la discusión gira en torno a normas de derecho laboral, por lo que corresponde la intervención de ese fuero. Pero además introduce un argumento de alto impacto: el cambio de competencia incorporado por la propia reforma todavía no está plenamente operativo, ya que depende de la implementación de un acuerdo de transferencia judicial que no se encuentra vigente en su totalidad.
En términos prácticos, el dictamen implica un respaldo a la posición de la CGT y un freno a la intención del Gobierno de redireccionar la causa hacia un terreno más favorable. No define el resultado final, pero sí condiciona el escenario en el que se dará esa discusión.
La última palabra, de todos modos, la tendrá la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que puede seguir o no el criterio del fiscal. Y, eventualmente, el caso podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sería la encargada de resolver de manera definitiva el conflicto de competencia.
Así, la reforma laboral ya transita una doble batalla judicial: mientras la CGT busca sostener el caso en el fuero laboral, el Gobierno intenta trasladarlo al contencioso administrativo, en una disputa que definirá no sólo el resultado, sino también quién tendrá la lapicera para juzgarla.