Mientras avanza una de las investigaciones por la supuesta secta sexual en el Senado, la fiscal Betina Lacki no solo pidió la prisión preventiva de Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, sino que además solicitó que la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, dé explicaciones ante la Justicia por el conocimiento previo de las denuncias.

El planteo abre un nuevo punto en el expediente, ya que no se trata únicamente de establecer responsabilidades penales por los abusos denunciados en el Senado, sino de determinar qué sabían los funcionarios, cuándo lo supieron y qué hicieron o dejaron de hacer frente a situaciones que, según las víctimas, eran conocidas en distintos ámbitos del Estado.

El pedido se apoya en declaraciones públicas de Estela Díaz. En una entrevista, reconoció que las acusaciones contra Rodríguez y Silva Muñoz “circulaban como rumor” incluso antes de su asunción en el cargo, en 2019. “Es muy delicado decidir qué actuación se toma cuando hay rumores y no hay causas que avancen”, sostuvo.

Tras la repercusión de esas palabras, la ministra emitió un comunicado y publicó un descargo en redes sociales en el que negó haber tenido conocimiento concreto de los hechos y aseguró que, cuando su cartera tomó intervención, se actuó de manera inmediata para asistir a las denunciantes. Sin embargo, para la fiscalía esas explicaciones no resultan suficientes y deben ser evaluadas en sede judicial.

Secta en el Senado: el relato de una de las víctimas

Una de las víctimas contó que, como trabajaba en el Senado, decidió poner en conocimiento de lo ocurrido a Jesica Ferreyra, abogada de la Sección de Género de la Cámara alta. “Le comenté los hechos de abuso de los que había sido víctima, como también los hostigamientos que había sufrido. Ahí ella confecciona y eleva un informe al Ministerio de las Mujeres”, explicó. Según su testimonio, recién en octubre o noviembre de 2024 fue citada por la cartera provincial para recibir asesoramiento.

Ese dato coincide con la información oficial. La intervención formal del Ministerio de Mujeres se produjo en octubre de 2024, luego de que una trabajadora del Senado solicitara asistencia. El caso fue abordado por el Equipo Interdisciplinario de la Legislatura y elevado a la Dirección de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos. La denunciante fue orientada a realizar la presentación penal, que finalmente se concretó en 2025.