El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, se encuentra en el centro de una investigación judicial por presunto lavado de dinero relacionado con irregularidades en la concesión de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). La causa involucra presuntos contratos irregulares durante su gestión.
El caso está siendo investigado por el juez federal Adrián González Charbay, quien se encuentra al frente del Juzgado Federal de Campana. La investigación apunta a esclarecer una serie de contratos presuntamente fraudulentos en el marco de la VTV, que habrían favorecido intereses privados a costa del erario público.
A raíz de esto, el juez ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil del ministro y de los demás investigados. Ahora, el Banco Central deberá solicitar información a las distintas entidades bancarias, con el objetivo de relevar “si son titulares de cuentas corrientes y/o cajas de ahorro en pesos y moneda extranjera, todo ello correspondiente al período 29 de diciembre de 2021 hasta el día de la fecha inclusive”.
En paralelo, D’Onofrio también está siendo señalado en una causa que tramita en los tribunales de La Plata, bajo la órbita del fiscal Álvaro Garganta. Esta investigación lo vincula a una red de gestores que, a cambio de un porcentaje del monto adeudado, ofrecían "borrar" infracciones de tránsito de los registros oficiales.
Dicha maniobra que tendría involucrado también una serie de funcionarios y personas allegadas al ministro. En el marco de esta causa también se encuentra implicada Claudia Pombo, presidente del Concejo Deliberante de Pilar y sería estrecha aliada de D’Onofrio.
Semanas atrás, en una entrevista con un portal de noticias, el ministro había descartado de plano que se hubieran movido influencias a la hora de renovar las concesiones de las plantas de VTV y "es imposible borrar multas".