Un grupo de intendentes del interior de la Provincia visitó la Legislatura para reclamar el 100% de libre disponibilidad de los fondos del FEFIM
Intendentes del interior en la Legislatura
La situación financiera de los municipios de la Provincia es cada vez más crítica, y así se lo hizo saber un grupo de intendentes del interior a las autoridades de la Cámara de Diputados. Flanco Flexas (General Viamonte), Maximiliano Suescun (Rauch), y Javier Gastón (Chascomús), se reunieron con Alejandro Dichiara y Alexis Guerrera en la Legislatura.
El reclamo fue acompañado por los titulares de 68 municipios bonaerenses, en su mayoría distritos del interior. Los únicos del Conurbano que firmaron la nota fueron Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Julio Zamora (Tigre). Ante la crisis terminal que atraviesan los territorios, los jefes comunales consideran "imprescindible adoptar herramientas excepcionales que otorguen mayor flexibilidad financiera a los gobiernos locales", y por eso exigen "impulsar ante la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires la autorización para otorgar a los municipios la potestad para decidir el destino del FEFIM".
Es decir, tener el 100% de disponibilidad sobre los desembolsos del programa, que por Ley Provincial Nº 15.561 actualmente asigna en un 70%, mientras que el 30% restante debe ser destinado a obras o iniciativas correspondientes a Transporte, Cultura o Infraestructura.
A pesar de las promesas de trabajar en conjunto y avanzar en algún tipo de solución, la sensación en la Legislatura bonaerense es que el reclamo de los alcaldes pasará sin pena ni gloria. El pesimismo se basa en que, de todas maneras, los fondos que llegan no alcanzan para cubrir las necesidades -cada vez más grandes- de los territorios. "Estamos discutiendo por dos mangos que no alcanzan ni para una cuadra de cordón cuneta", se escuchó decir en los pasillos.
Si bien desde el Poder Ejecutivo aseguran estar de acuerdo con el planteo de los alcaldes -aunque el mismo día, Axel Kicillof endureció las restricciones para el acceso a los fondos- la decisión estará del otro lado de Plaza San Martín, donde se armó una comisión bicameral (todavía inconclusa por la novela del Senado) que será la encargada de fiscalizar cómo se gastan esos fondos. La distribución 70/30 quedó plasmada en la Ley de Financiamiento Bonaerense, que tanto debate generó en diciembre pasado. "La ley no es una sugerencia", recordó un diputado.
De todas maneras, las autoridades de la Cámara Baja acordaron con los intendentes "trabajar en posibles modificaciones y herramientas complementarias que permitan fortalecer el funcionamiento financiero y administrativo de los gobiernos locales", que miran la fecha del aguinaldo con creciente preocupación.
Mientras crece el reclamo de los intendentes, el Gobierno de Axel Kicillof decidió endurecer los requisitos para acceder al FEFIM, y detalló una serie de condiciones que los municipios deberán cumplir. Deberán, entre otras cosas, presentar un proyecto completo de obra con memoria descriptiva y técnica, planos, presupuesto, plan de trabajo y acreditación del uso o titularidad del predio.
Además, la Provincia determinará si la obra es viable técnica y financieramente. Este punto estará en manos de la Dirección Provincial de Infraestructura Municipal. A la vez, se plantea un cronograma de desembolsos atado a los avances físicos de cada obra: los municipios solo podrán acceder al segundo pago si acreditan un avance mínimo del 20% y la colocación del cartel oficial de obra, mientras que el tercer giro quedará condicionado a superar el 50% de ejecución y presentar la rendición correspondiente.
La resolución, que lleva la firma del ministro Gabriel Katopodis, le da al Ejecutivo provincial la potestad de "controlar el destino de los fondos, y los municipios deben rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas. Si un municipio obstaculiza el control, pueden frenarse pagos y nuevos proyectos".
Enrolados en el Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo (FRICDe), los jefes territoriales explicaron "la gravedad del escenario fiscal que enfrentamos, caracterizado por una marcada caída de los ingresos, el incremento sostenido de los costos operativos y una creciente dificultad para afrontar en tiempo y forma el pago de salarios y la prestación de servicios esenciales".
Asimismo, sostuvieron que "este diagnóstico es transversal a las distintas realidades territoriales y no distingue signos políticos, lo que evidencia el carácter estructural de la problemática".
"El deterioro de la actividad económica -con diez meses consecutivos de caída de la Industria y el Comercio- impacta directamente en la recaudación propia y en los recursos coparticipables, generando un desfasaje creciente entre ingresos y gastos corrientes. En este contexto, muchos municipios se han visto obligados a recurrir a mecanismos extraordinarios de financiamiento de corto plazo para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones básicas, situación que no resulta sostenible en el tiempo", graficaron.