Jorge D'Onofrio no logró despegarse de la causa por irregularidades en la VTV porque no hay certeza negativa que descarte los hechos investigados
Jorge D'Onofrio, ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, investigado por corrupción
Jorge D’Onofrio recibió un nuevo revés judicial cuando el titular del Juzgado de Garantías N°4 de La Plata, Juan Pablo Masi, rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por su defensa y mantuvo vigente el procesamiento en la investigación por presuntas maniobras irregulares vinculadas a la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
Pero este no es el único expediente en la Justicia federal que el exministro de Transporte tiene, sino que se suma a otro por presunto lavado de activos relacionado con el sistema de fotomultas y contrataciones vinculadas a su área.
En su fallo, el juez Masi sostuvo que el pedido de la defensa resulta “prematuro” porque la investigación todavía no está agotada y coincidió con el fiscal Álvaro Garganta, quien se opuso al cierre anticipado del expediente por considerar que no existe “una certeza negativa” que permita descartar los hechos investigados o desvincular definitivamente al exministro.
Cabe recordar que acorralado por las causas judiciales, D’Onofrio presentó el 30 de diciembre de 2024 su renuncia al Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires “por motivos personales”, aunque al momento continúa procesado, sin prisión preventiva y con inhibición general de bienes.
El ex funcionario de Axel Kicillof no fue el primero cuestionado por su dudoso accionar durante la gestión de Axel Kicillof. En 2023 fue Martín Insaurralde, uno de los "impuestos" por Cristina Fernández al entonces gobernador, el que desató el escándalo cuando fue visto en un yate en las costas de Marbella teniendo relaciones sexuales con la modelo Sofía Clerici.
D'Onofrio está imputado por “cohecho pasivo en concurso ideal con negociación incompatible con el ejercicio de la función pública”, acusado de ser parte de un esquema mediante el cual empresas adjudicatarias de la VTV debían contratar a la firma Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., señalada en la causa como parte de una operatoria presuntamente irregular destinada a obtener retornos económicos.
Juan Isidro Pérez Duhalde y Ramiro Pérez Duhalde, abogados encargados de la defensa de Jorge D’Onofrio, argumentaron que no existen elementos suficientes para sostener la acusación, altiempo que plantearon que la licitación pública nacional e internacional de la VTV se realizó bajo los mecanismos legales correspondientes. En ese marco, sostuvieron además que en el acto intervinieron organismos de control provinciales como la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General y la Fiscalía de Estado, que habrían emitido dictámenes favorables sobre el procedimiento.
Los letrados hicieron especial hincapié en el rechazo a las sospechas que recaen sobre las empresas adjudicatarias y sostuvieron que la contratación de Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A. respondia a decisiones tomadas por el libre alvedrío de los privados que participaron de las licitaciones que se inclinaron por esta empresa para cumplir requerimientos tecnológicos exigidos por el Ministerio en las bases.
A pesar de toda esta argumentación, Álvaro Garganta consideró que ello era insuficiente para desactivar la acusación y sostuvo que “el peticionante no ha desvirtuado los elementos de cargo que permiten sostener por el momento la base fáctica endilgada” y advirtió que todavía quedan diligencias pendientes. Basado en este razonamiento, el juez de la causa subrayó que conceder el sobreseimiento implicaría “un cierre definitivo e irrevocable del proceso” sin contar aún con el grado de certeza necesario para una resolución absolutoria anticipada.
La resolución también aclaró que el rechazo del planteo no implica adelantar opinión sobre una eventual culpabilidad de D’Onofrio, aunque dejó en claro que la causa permanece plenamente activa y con posibilidad de incorporar nuevas pruebas.
Otra de las denuncias por las que Jorge D’Onofrio está bajo investigación judicial es la de presunto lavado de activos agravado por su condición de funcionario público, en la que los jueces Juan Pablo Salas, Marcelo Fernández y Marcos Morán, ratificaron un embargo sobre sus bienes por $350 millones y en donde se investiga la adquisición de un Audi Q8 a nombre de un ex funcionario del ministerio, pero que en realidad era rodada por D’Onofrio, ya que no soló estaba autorizado para conducirla, sino que tendría vinculado el telepase del vehículo a una cuenta personal suya.
El funcionario en cuestión sería Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control de la VTV, y habría actuado como “interpuesto registral o testaferro”, ocultando la verdadera titularidad del rodado. Ascencio también está procesado en la causa y sobre su persona pesa un embargo de $300 millones.
La investigación federal indica que mediante una división de tareas se desviaban fondos procedentes de irregularidades en el manejo del sistema de fotomultas y contratos vinculados a la VTV, que luego eran incorporados al circuito formal a través de bienes registrados bajo apariencia lícita.