La Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento del exministro de Transporte de la Provincia, Jorge D'Onofrio, por corrupción y lavado de activos
Este martes, la Justicia Federal ratificó el procesamiento del exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, por corrupción y lavado de activos en la causa que investiga irregularidades en la adjudicación del servicio de VTV y el manejo irregular del sistema de fotomultas durante su gestión entre 2022 y 2024.
La confirmación la dio la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que además, dictaron el embargo de 350 millones de pesos sobre los bienes de D'Onofrio, que le había sido impuesto en primera instancia.
También, ratificaron el procesamiento de Facundo Asensio, ex director de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular, y el embargo de sus bienes por 300 millones de pesos.
Cabe recordar que la causa federal se lleva adelante en paralelo a otra investigación en la Justicia de la Provincia, donde también se le imputan delitos como asociación ilícita, fraude y malversación de fondos.
La imputación contra Jorge D'Onofrio por presunto fraude al Estado comenzó a reordenar el mapa interno del expediente y volvió a poner bajo la lupa a dos figuras centrales del entramado investigado: la contadora platense Carolina Bucchino y Sebastián Desio, presidente de Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., la empresa que según el fiscal Álvaro Garganta habría operado como intermediaria entre las concesionarias de la VTV y el Ministerio de Transporte bonaerense durante la gestión del exfuncionario.
El vínculo entre ambos reaparece ahora con más fuerza a partir de la documentación analizada por la fiscalía. Bucchino, conocida en La Plata por su aparición en la causa contra Natalia Foresio, vuelve a quedar asociada a un movimiento patrimonial que, según el expediente, benefició indirectamente al círculo de Desio. La pesquisa indica que una empleada doméstica de la contadora figura como titular de una sociedad creada días antes de adquirir un inmueble clave en la causa. Ese edificio, ubicado en calle 6 entre 44 y 45, había sido ofrecido meses antes para el funcionamiento de dependencias del Ministerio de Transporte.