La Cámara de Diputados tratará este miércoles el proyecto de Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal y Compromiso Fiscal. Los desafíos de LLA
El oficialismo ante una batalla clave en Diputados
La Libertad Avanza afrontará este miércoles una prueba decisiva en la Cámara de Diputados, cuando el oficialismo intente sancionar los proyectos de Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal y Compromiso Fiscal. La sesión servirá, además, para medir la solidez de los acuerdos políticos alcanzados entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores provinciales.
Este martes, el oficialismo logró emitir dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Bertie Benegas Lynch, un paso indispensable para habilitar el tratamiento en el recinto hoy a partir de las 14:00 horas.
La eventual aprobación del Presupuesto pondría fin a dos años consecutivos de prórrogas del último cálculo de gastos elaborado durante la gestión del expresidente Alberto Fernández en 2022. El proyecto enviado por el Gobierno prevé un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio oficial de $1423 para diciembre de 2026, una cifra que ya fue superada por la cotización del dólar.
En materia de asignación de recursos, la iniciativa contempla un incremento del 5% en las partidas destinadas a jubilaciones, del 17% en salud y del 5% en pensiones. Para las universidades nacionales, el texto proyecta elevar el financiamiento hasta los 4,8 billones de pesos.
La Libertad Avanza consiguió también un dictamen de mayoría para el proyecto de Inocencia Fiscal en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, presididas por Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, respectivamente.
Durante el debate, la titular de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, defendió la iniciativa y remarcó que busca cambiar la relación entre el Estado y los contribuyentes. “Durante años el contribuyente fue tratado como un sospechoso permanente. Este proyecto pone fin a esa lógica y establece reglas claras, donde el Estado debe probar y no perseguir”, afirmó.
Desde el punto de vista técnico, el proyecto propone una reorganización del Régimen Penal Tributario. Redefine los criterios para la configuración de los delitos fiscales y limita la intervención penal a los casos de evasión considerada relevante, con el objetivo de descomprimir el sistema judicial y concentrar los recursos estatales en conductas de mayor gravedad.
La iniciativa también incorpora mecanismos que permiten la extinción de la acción penal cuando el contribuyente regulariza su situación fiscal, y fija límites precisos para el inicio o la continuidad de procesos penales cuando las facultades del fisco para determinar la deuda se encuentran prescriptas.