El Congreso buscará dar marcha atrás con el veto del presidente Javier Milei al aumento de jubilaciones, la moratoria y la emergencia en discapacidad
Habrá reclamos en todo el país por el veto de Javier Milei
Tras varias advertencias del presidente Javier Milei, el Gobierno nacional oficializó el veto total a un paquete de leyes aprobadas por el Congreso, que contemplaban un incremento extraordinario en las jubilaciones, la reinstauración de la moratoria y la emergencia nacional en materia de discapacidad. Este martes las calles serán colmadas con reclamos y arranca una nueva discusión en el Congreso.
Las organizaciones vinculadas a los derechos de las personas con discapacidad convocaron a una jornada de movilización este martes frente al Congreso y en las principales plazas del país a partir de las 11:30 horas. La protesta, anunciaron, incluirá una suspensión de actividades en los espacios vinculados al sector como forma de visibilizar lo que definen como una “crisis humanitaria”.
Uno de los organismos convocantes, el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, emitió un duro comunicado: “Un veto total no es austeridad, es abandono. Gobernar es asumir responsabilidades con todos los sectores, especialmente con los más vulnerables ”. Desde el espacio también remarcaron que muchos prestadores se encuentran “al borde del cierre” y que los valores que perciben los trabajadores del sector “no alcanzan para cubrir los costos mínimos”.
Cabe recordar que Milei frenó un paquete de mejoras en materia previsional. La ley vetada sobre jubilaciones establecía una suba de emergencia del 7,2%, además de la creación de un bono mensual que pasaría de $70.000 a $110.000, con cláusulas de actualización. También contemplaba transferencias adicionales a las cajas previsionales no transferidas de las provincias.
En paralelo, el plan de moratoria permitía acceder a la jubilación sin contar con los 30 años de aportes, al restituir por dos años el Plan de Pago de Deuda Previsional, y flexibilizaba los requisitos de acceso a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
El tercer punto objetado por el Ejecutivo fue la ley que declaraba la emergencia en discapacidad hasta 2026, creaba una pensión no contributiva específica, y habilitaba una compensación económica de emergencia para prestadores del sistema.
El veto no tomó por sorpresa a los legisladores, aunque su instrumentación fue cuidadosamente administrada por el Gobierno, que dilató su publicación con el objetivo de postergar el eventual tratamiento en Diputados, donde se debería votar su rechazo con el respaldo de dos tercios de los presentes en ambas cámaras.
Mientras tanto, el oficialismo refuerza las negociaciones con gobernadores y bloques aliados con el objetivo de blindar su decisión. Entre las herramientas que el Ejecutivo estaría dispuesto a utilizar para fortalecer su posición, figuran el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y eventuales acuerdos de carácter electoral, de cara a los comicios del 26 de octubre.
En la vereda de enfrente, la oposición va por los porotos necesarios para concretar la marcha atrás del veto en el Parlamento. Uno de los autores de los proyectos vetados, el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria), expresó su malestar ante la decisión: “Un gobierno desalmado, que no tiene idea de lo que viven las personas con discapacidad. Vamos a insistir con los dos tercios, ya lo hicimos una vez y lo volveremos a hacer”.
Si el proyecto logra reunir los dos tercios de los votos (172 diputados), el veto presidencial quedará sin efecto y la iniciativa pasará al Senado, donde también deberá ser ratificada por una mayoría calificada. De prosperar ese escenario, el Poder Ejecutivo quedaría obligado a promulgar la ley sin posibilidad de nuevas objeciones, tal como lo establece el artículo 83 de la Constitución Nacional. Sin embargo, el Presidente ya anticipó que no dará la discusión por concluida: en caso de que el Congreso ratifique la ley, el Gobierno acudirá a la Justicia.
El oficialismo busca ganar tiempo. La judicialización del paquete previsional permitiría al Gobierno sostener el statu quo mientras el expediente recorre un camino judicial que, según los antecedentes, podría extenderse por meses o incluso años. En el mismo periodo, el oficialismo buscará sellar una buena elección en octubre que le permita allanar el camino legislativo.