La Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata confirmó una semana de paro que afectará al dictado de clases en la UNLP
La ADULP confirmó una semana de paro en la UNLP
La Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP) confirmó la convocatoria de una semana de paro docente a nivel nacional. El cese de actividades será del lunes 16 al domingo 22 de marzo, modificable según el tratamiento de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso.
El paro fue resuelto en el Plenario de Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) del 27 de febrero de 2026, donde ADULP llevó como iniciativa una huelga general por tiempo indeterminado. Entre negociaciones y vaivenes, se acordó como primera instancia que el cese de actividades sea de una semana pero con amplias posibilidades de extenderse en caso de que el presidente Javier Milei no ponga en funcionamiento la Ley 27.759 más conocida como Ley de Financiamiento Universitario.
Desde la cuenta del Frente Gremial de la UNLP -compuesto por ADULP; la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (ATULP) y la Federación Universitaria de La Plata (FULP)- también informaron que este lunes 16 de marzo a las 17:00 se va a realizar una conferencia de prensa en la sede del sindicato de docentes en calle 44 entre 9 y 10.
Además, el martes 17 de marzo a las 18:00, trabajadores Docentes, Nodocentes y estudiantes se llevará adelante una Marcha de Antorchas desde Avenida 7 entre 47 y 48, en defensa de "una universidad pública que cuente con un presupuesto, salarios dignos y condiciones para enseñar, aprender y trabajar". Esta movilización se dará frente al ajuste y el desfinanciamiento a las Universidades, que impacta de lleno en la de La Plata.
A través de un comunicado oficial, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que incluye a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el resto de universidades públicas de todo el país, recordó que la norma fue aprobada por el Congreso de la Nación Argentina y que su aplicación corresponde al Poder Ejecutivo. En ese sentido, señalaron que, si bien la ley fue vetada y posteriormente suspendida por decreto, su constitucionalidad ya fue cuestionada en el ámbito judicial.
Los rectores también pusieron el foco en la necesidad de establecer criterios claros y previsibles para la actualización de los gastos de funcionamiento de las casas de estudio, así como para garantizar el sostenimiento del sistema científico-tecnológico y la adecuación de los montos destinados a becas estudiantiles.