En las últimas horas, el juez de Garantías, Federico Guillermo Atencio, confirmó la imputación del concejal del Frente de Todos, Facundo Albini, y de su padre, Claudio Albini por la presunta comisión del delito de Asociación ilícita y Fraude en perjuicio de la administración pública, según se expresa en el documento al que tuvo acceso este medio.
A su vez, en otra resolución, el magistrado había rechazado el pedido de eximición de los dueños de las tarjetas de débito, quienes en las últimas semanas presentaron declaración testimonial asegurando que desconocían las actividades que realizaba el puntero del PJ, Julio Rigau.
De esta manera, el concejal reelecto Facundo Albini, quien pertenece al Frente Renovador, podría “ser condenado bajo la modalidad de prisión condicional” en un futuro cercano, dependiendo de cómo continúe el curso de la investigación.
Al rechazar el pedido de eximición que presentó la defensa del edil, el juez argumentó que su decisión surge “por la cantidad de hechos perpetrados, el alto monto dinerario defraudado al erario público, la duración en el tiempo y la actividad desplegada por el imputado”, entre otras cosas.
Albini actualmente es concejal del Frente de Todos y en la última elección fue reelecto al integrar la lista de Julio Alak, que se postuló como candidato a intendente de Unión por la Patria.
Los empleados “fantasma”
A mediados del mes de septiembre, los titulares de las tarjetas de débito declararon ante la Justicia y varios de ellos aseguraron no estar enterados de que habían sido contratados como empleados de la Legislatura, además negaron saber cuál era la actividad de Rigau.
De esta manera, a partir de las declaraciones testimoniales, la postura que en un momento planteó la fiscal Betina Lacki, de considerar como víctimas del caso a los 48 empleados “fantasmas”, sigue aún vigente pese al rechazo de Atencio.
Esta situación, al igual que todo el caso en cuestión, recuerda el hecho que tuvo como protagonista al ex senador bonaerense del PRO, Armando Nieto, el hombre que fue condenado a cuatro años de prisión por “contratar ciudadanos de escasos recursos e instrucción” con el fin de ofrecerles una obra social o subsidio a través de la Cámara alta.
En ese caso, los empleados a los que había interceptado el entonces legislador quedaron por fuera de la causa judicial al ser considerados víctimas de la situación. En tanto, Nieto terminó siendo condenado junto a su hijo, que recibió una pena de tres años y seis meses.
El accionar del hombre, en complicidad con su hijo, consistía en elevar los datos de las víctimas al entonces Presidente de la Cámara con las propuestas de designaciones de cargos que nunca se terminaban ocupando de la manera correspondiente. Así Nieto lograba liquidar grandes sumas de dinero a favor de personas que en ningún momento cumplieron sus funciones.
Lo mismo sucede en el caso de Rigau y los falsos empleados, quienes percibían un salario promedio de 400 pesos al mes.