Cuatro policías de Tucumán fueron condenados a prisión perpetua por el crimen de Luis Armando Espinoza, el trabajador rural asesinado en 2020 en pleno aislamiento por la pandemia de coronavirus tras un operativo en Simoca, y también por la privación ilegítima de la libertad de su hermano.
En el mismo fallo, el Tribunal Oral Federal (TOF) tucumano fijó penas de entre 5 y 12 años de cárcel para otros cinco efectivos sometidos a juicio y absolvió a dos civiles.
Por mayoría, el tribunal condenó a perpetua al oficial auxiliar José Alberto Morales, al subcomisario Héctor Rubén Montenegro, al agente Gerardo González Rojas y al cabo Claudio Zelaya por el "homicidio agravado" de Luis Espinoza y la "privación ilegal de la libertad" de Juan Antonio, hermano del trabajador asesinado.
Por los mismos delitos, pero en carácter de "partícipe secundaria" del homicidio, fue condenada a 12 años de prisión la cabo primero Rosalba González. En tanto, el sargento Víctor Manuel Salinas recibió 7 años de prisión por la privación ilegal de la libertad y "encubrimiento agravado".
A su vez, el agente Carlos Lisandro Romano, el cabo primero José María Paz y el sargento primero René Ardiles fueron condenados a 5 años de cárcel solo por el encubrimiento. Mientras que Héctor Villavicencio y Álvaro Gonzalo González fueron absueltos por el beneficio de la duda, y el primero de ellos recuperó la libertad."Abusando de sus funciones y sin demostrar un atisbo de humanidad, además de matar por la espalda a Espinoza, una persona indefensa, decidieron ocultar su cuerpo sin vida a las autoridades y a sus seres queridos, generando con ello un profundo daño en su familia y su entorno comunitario, además de una enorme conmoción social", indicó el fiscal.
Espinoza fue atacado el 15 de mayo de 2020, en pleno Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, por la Policía durante un operativo realizado por un festival de caballos cuadreros y su cadáver apareció una semana después en territorio catamarqueño, adonde fue arrojado por un barranco envuelto en bolsas de plástico.
Los resultados de los peritajes determinaron que la bala que impactó en uno de los omóplatos de la víctima salió de un arma reglamentaria Jericho calibre 9 milímetros que pertenece al oficial Morales y que fue secuestrada en el marco de la causa.