Médicos bonaerenses denunciaron defraudación por parte de las autoridades de la Caja de Médicos en la construcción del Hotel Grand Brizo
La Justicia de La Plata investiga una presunta defraudación, malversación de fondos y asociación ilícita en la Caja de Previsión y Seguro Médico de la provincia de Buenos Aires, vinculada a la construcción del Hotel Grand Brizo. A través de una denuncia presentada por médicos, se revelaron diferentes maniobras fraudulentas.
Se debe a que un grupo de médicos bonaerenses presentó una denuncia penal que apunta contra autoridades de la entidad por supuestas maniobras irregulares en el marco de la construcción de dicho inmueble inaugurado en febrero de 2019 en Avenida 51 entre 9 y 10, en pleno centro de La Plata.
La causa quedó en manos del fiscal Juan Menucci (UFI N°5) e interviene el Juzgado de Garantías N°2 y se investigan posibles delitos de acción pública vinculados a la construcción del Hotel y a contratos con el grupo Puente Hermanos. Según consta en la denuncia, las maniobras se coordinaron entre los directivos de la Caja y las diferentes empresas que tiene el Grupo.
El objetivo de las mismas estaba en justificar pagos millonarios por servicios que no se habrían prestado. En el escrito, los profesionales destacan que estos hechos generaron "perjuicio directo contra el patrimonio de los médicos afiliados" debido a que fueron desviados los aportes obligatorios a intereses privados.
Según se indicó en la denuncia, la Caja contrató a empresas del Grupo para realizar la "Auditoría de Obra" del Hotel. Puente Hermanos está compuesto por seis sub empresas. La retribución pactada habría sido equivalente al 7,98% del valor de cada certificado de obra emitido.
Sin embargo, se indica que no existirían informes técnicos, actas de inspección, ni documentación que respalde la efectiva realización de las tareas de auditoría.
Específicamente, la denuncia apunta a los entonces presidente, secretario y tesorero de la Caja. Héctor Sainz es presidente desde el comienzo de la obra y Tomás Cayetano Campenni, el otro acusado que falleció en 2025. Allí se menciona que ellos tendrían responsabilidad personal y solidaria por los actos de la institución.
Los profesionales solicitaron la investigación judicial para determinar las responsabilidades penales de los directivos y también, de cada una de las sociedades que participaron. Por esto, se pidió que interfieran en la misma la Inspección General de Justicia (IGJ), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Registro de Reincidencia y las Fiscalías Generales bonaerense.