La investigación federal que analiza presuntas maniobras ilegales con el dólar oficial durante los últimos años del cepo cambiario empezó a revelar un entramado de agencias de cambio, financistas, empresarios, contadores y sociedades comerciales que movieron cifras multimillonarias y que, según sospecha la Justicia, habrían servido para alimentar el mercado paralelo de divisas mientras regían fuertes restricciones para importar.
Dentro de esa estructura aparecen mencionadas dos firmas vinculadas a La Plata: Frizika e Intercash. Ninguna de las dos compañías se encuentra acusada formalmente hasta el momento, pero sí se levantó el secreto bancario y quedaron incorporadas en conversaciones, documentación societaria y registros contables analizados por la fiscalía en la causa que tiene como uno de sus principales investigados al empresario Martín Migueles, conocido mediáticamente por haber sido pareja de Wanda Nara, a Elías Piccirillo, el ex de Jésica Cirio, y a Francisco Hauque.
El expediente, al que accedió El Editor Platense, es investigado por el fiscal federal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo, y describe una operatoria de enorme magnitud económica. Según los informes incorporados por el Banco Central, la agencia Arg Exchange S.A. realizó solamente durante 2023 un total de 729 operaciones de cambio por aproximadamente 251.961.040 dólares.
La cifra llamó la atención de los investigadores porque, de acuerdo con el sumario financiero remitido por el BCRA, prácticamente la totalidad de esas operaciones no estuvo destinada a clientes genuinos sino a reventas entre operadores cambiarios, en un esquema donde los dólares pasaban de una agencia a otra hasta perder completamente la trazabilidad.
Para la fiscalía, la maniobra consistía en adquirir divisas al tipo de cambio oficial, muy inferior al valor del dólar blue durante aquellos años, para luego canalizarlas hacia circuitos paralelos, obteniendo ganancias extraordinarias gracias a la brecha cambiaria que en algunos momentos de 2023 llegó al 200%.
El expediente sostiene que Arg Exchange compraba dólares a entidades financieras y cambiarias y posteriormente los revendía de manera sistemática a otras agencias que también presentaban irregularidades o habían sido observadas por el Banco Central.
El propio BCRA concluyó que el 99,998% de la operatoria de la firma estuvo orientada a transacciones interagencias y no a operaciones reales con clientes finales.
En ese listado de operadores aparece mencionada Intercash, una empresa relacionada al empresario Julio Oscar Bergery. El documento del Banco Central incorporado al expediente sostiene que Intercash figuraba entre las 15 contrapartes que operaron con Arg Exchange durante el período investigado y que, al momento de confeccionarse el informe, ya había sido reportada junto a otras agencias cuya autorización terminó revocada.
En el mismo grupo aparecen firmas como Cambio Imperial, Gis Cambio, Andie, Eden y Centenera. Para los investigadores, había una fuerte interconexión societaria, profesional y financiera que existía entre todas esas agencias.
La documentación remitida por el Banco Central también expone que distintos contadores y auditores externos trabajaban simultáneamente para varias de las firmas bajo análisis. En el caso de Intercash, el expediente menciona específicamente al contador Maximiliano Eric Mitroff, quien registraba intervención profesional no sólo en esa empresa sino también en Cambio Imperial, Andie, Fast Cambio, Cambio Belgrano y Centenera.
El expediente revela que las entidades Stema Cambios y Megalatina habrían actuado como receptoras finales de aproximadamente 129.486.208.504 pesos argentinos, dinero con el que posteriormente compraron 507.448.000 dólares en el Banco de Servicios y Transacciones (BST).
Según describe el sumario del Banco Central, esos fondos luego eran retirados en efectivo, perdiéndose nuevamente la trazabilidad bancaria de las divisas y replicando una operatoria similar a la detectada en Arg Exchange.
Los mensajes que comprometen a "Adriel"
En paralelo, la investigación también avanzó sobre una presunta estructura destinada a agilizar autorizaciones SIRA durante los años más duros del cepo. En ese tramo del expediente aparece mencionada Frizika, la empresa ligada al consultor platense Adriel Dono Miniot, identificado en los chats de Migueles como “Adriel La Plata”, quien trabaja en una empresa del exterior.
De acuerdo con las conversaciones incorporadas al expediente judicial, Migueles le habría enviado a ese contacto un audio fechado el 17 de marzo de 2023 en el que afirmaba: “Ahora están mucho con el tema de la SIRA, si tenés una empresa grande, yo consigo también que te den la SIRA rápido y podés llevar guita para allá. Decime cómo vas a hacer, si mandas un courier o qué”.
En los chats surge que el consultor platense le responde: "Arranco con un courier. El tema de la SIRA me parece bárbaro", y le envía la documentación de la sociedad. Después de varios minutos, Migueles le contesta: "12% el blue", a lo que Dono Miniot le retruca: "Billete cara grande jaja".
sira barbaro
Parte de los chats entre "Adriel La Plata" y Miegueles
“Bien, vamos por partes, pásame todo lo que es de la sociedad por un lado, y lo del tema de la SIRA, sí, yo lo consigo un punto menos, 11 puntos y te sale en una semana con toda la furia. Lo que sí, cuando sale hay que pagar y viene de arriba y no te la rebotan más y 150 lucas de lo que es mercadería, si se tranca con algo nosotros lo compramos todo también. Podemos cerrar el circuito. Es más, allá también tengo proveedor podemos armar algo grande, algo lindo (...)”, le responde Migueles en un audio.
A pesar de estos mensajes, el propio dictamen aclara expresamente que en ese intercambio puntual no surge acreditado el pago de dádivas o comisiones ilegales, pero sí lo pone bajo la mira.
¿Qué investiga la Justicia?
El expediente sostiene que durante 2022 y 2023 distintas empresas buscaban acelerar aprobaciones SIRA debido a las demoras extremas que existían para importar. Según la reconstrucción judicial, habría aparecido entonces un circuito de intermediarios que ofrecía destrabar autorizaciones a cambio de porcentajes que iban del 10% al 15% del valor total de las operaciones.
En varios de los chats secuestrados aparecen referencias a “cometas”, pagos “adentro” y operaciones que supuestamente podían aprobarse en “una semana o diez días”, cuando en muchos casos los trámites normales demoraban más de 90 o incluso 120 días.
Otra de las cuestiones más delicadas detectadas por la fiscalía tiene que ver con la presunta falsificación de documentación utilizada para habilitar agencias de cambio. Del teléfono de Migueles surgieron conversaciones con un hombre identificado como Alejandro Castro, a quien el empresario le habría pedido modificar facturas de luz, gas y teléfono utilizando Photoshop.
Según el expediente, esos documentos apócrifos habrían sido confeccionados para distintas personas y empresas vinculadas a casas de cambio investigadas, entre ellas sociedades relacionadas a la familia Piccirillo. Algunas agencias investigadas informaban domicilios inexistentes y eran adquiridas por accionistas insolventes poco antes de comenzar a operar.
En otro tramo de la causa también aparecen audios sobre gestiones para habilitar agencias de cambio en Tigre mediante contactos directos con funcionarios municipales.
La investigación ya tiene más de 50 personas y empresas bajo análisis y todavía continúa creciendo. Además de Migueles, los documentos mencionan a distintos operadores cambiarios, contadores, empresarios y personas con supuestos vínculos dentro del Banco Central.
