Según la estrategia defensiva de Cositorto, la existencia de múltiples actividades comerciales demostraría que no se trataba de una estructura creada exclusivamente para delinquir
Generación Zoe: Cositorto apeló y denunció un "incumplimiento forzado"
La causa judicial contra Leonardo Nelson Cositorto sumó un nuevo capítulo luego de que su defensa presentara una apelación ante la Cámara Criminal y Correccional Federal para intentar revertir el procesamiento por asociación ilícita y estafas reiteradas.
Los abogados del fundador de Generación Zoe sostienen que el derrumbe de la estructura financiera no fue consecuencia de un esquema fraudulento, sino del “bloqueo judicial y administrativo” que, según afirman, terminó provocando el colapso económico de la firma.
La presentación será expuesta ante la Sala 2 de la Cámara Federal en el marco de una audiencia prevista por el artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación. Allí, los defensores Aixa Petriati y Martín Roberto Bagala cuestionarán la figura de asociación ilícita al sostener que la organización contaba con “más de 37 rubros comerciales operativos”, entre ellos educación, gastronomía, minería y real estate.
Según la estrategia defensiva, la existencia de múltiples actividades comerciales demostraría que no se trataba de una estructura creada exclusivamente para delinquir.
Uno de los ejes centrales del planteo es la denominada teoría del “incumplimiento forzado”. La defensa afirma que Generación Zoe cumplió durante 31 meses consecutivos con pagos de retornos del 7,5% y que el cese de pagos ocurrió recién después de bloqueos bancarios, alertas administrativas y la fuerte exposición mediática que generó una corrida financiera. En esa línea, aseguran que la crisis de liquidez fue consecuencia directa de la intervención estatal y no de un fraude planificado desde el inicio.
El escrito también intenta desacreditar uno de los argumentos más utilizados por la acusación: la supuesta inexistencia de contraprestaciones reales. Los abogados sostienen que la plataforma educativa de Generación Zoe contaba con 33 cursos activos de coaching y liderazgo y que miles de alumnos recibieron efectivamente los servicios contratados.
Además, remarcan que Leonardo Nelson Cositorto habría invertido parte de los fondos en activos digitales como Bitcoin y Ethereum, buscando —según la versión defensiva— sostener el crecimiento de la comunidad financiera.
Sin embargo, el tramo más explosivo de la apelación apunta a una presunta desaparición de activos millonarios. La defensa denunció el supuesto robo de 611 bitcoins, valuados en aproximadamente 70 millones de dólares, además de fondos depositados en cuentas bancarias de la firma. Según el documento, esos activos habrían sido sustraídos mientras Leonardo Nelson Cositorto permanecía incomunicado, y los abogados pidieron que la Justicia Federal investigue la posible participación de terceros “protegidos por fuerzas de seguridad”.
El escrito también carga contra la fiscal cordobesa Juliana Companys, a quien acusan de haber transformado la investigación en un “show mediático” vinculado al documental de Netflix titulado El Vendedor de Ilusiones. Según la defensa, la causa fue utilizada como una puesta en escena judicial y mediática, al tiempo que recordaron que existe un pedido de jury de enjuiciamiento contra la funcionaria.
La audiencia del próximo 19 de mayo será clave para definir el futuro procesal de Leonardo Nelson Cositorto. La defensa buscará que todas las investigaciones se concentren en el Juzgado Federal N°12 y cuestionará la existencia de expedientes paralelos en provincias como Corrientes y Salta, a las que acusa de impulsar un “shopping de condenas”.
Mientras tanto, la causa continúa dividiendo aguas entre quienes consideran que Generación Zoe fue un esquema piramidal de gran escala y quienes sostienen que la caída de la organización fue precipitada por la intervención estatal y judicial.