Secta sexual en el Senado bonaerense: declaró un abogado clave en la causa y complicó a una exfuncionaria
La investigación sumó nuevas declaraciones, se prepara una tanda clave de testimoniales y la fiscalía analiza el rol de Melina Gaudino, señalada por las denunciantes como posible encubridora de Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Múñoz, hoy detenidos por abuso sexual agravado contra al menos cinco víctimas
20 de enero de 2026 - 17:29
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Nicolás Rodríguez, Daniela Silva Muñóz y Melina Gaudino
Avanza la causa por la supuesta secta sexual liderada por dos empleados delSenado bonaerense. Mientras la fiscalía prepara una semana cargada de testimoniales y medidas de prueba, declaró un abogado señalado por las denunciantes como parte de una maniobra que habría buscado frenar o desviar las denuncias. Su testimonio complicó a una exfuncionaria provincial que habría encubierto a los acusados. Se trata de Melina Gaudino.
En las últimas horas, Claudio Yacoy, abogado y actual secretario de Derechos Humanos del municipio de Avellaneda, se presentó de manera espontánea ante la fiscalía de Betina Lacki (UFI 2) que investiga los abusos sexuales cometidos por Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñóz. En su declaración, Yacoy aseguró que nunca fue notificado formalmente y que desconocía buena parte de las gestiones que, según las víctimas, se habrían realizado en su nombre a través de Gaudino.
Este dato no es menor, ya que las denunciantes relataron que durante meses creyeron que la causa avanzaba, que se habían presentado escritos, solicitado medidas de protección y mantenido reuniones con funcionarios judiciales. Con el tiempo, comprobaron que nada de eso había ocurrido.
Según consta en el acta judicial, la DDI intentó citar a Yacoy para que declarara, pero no logró ubicarlo. El contacto se hizo a través de Melina Gaudino, quien facilitó un número telefónico que resultó ser erróneo. Para los investigadores, ese dato no pasó inadvertido y se suma a una serie de inconsistencias que ahora son evaluadas como posibles intentos de entorpecer la investigación.
La figura de Melina Gaudino, cada vez más complicada
El nombre de Melina Gaudino aparece reiteradamente en el expediente. Fue directora de Coordinación Municipal en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y fue desplazada de ese cargo en diciembre de 2023. De acuerdo a una fuente consultada por El Editor Platense, dentro del organismo era considerada una persona “conflictiva” y, además, habría falseado información sobre su formación profesional, ya que se presentaba como abogada pese a no haber completado la carrera.
En 2024, Gaudino fue designada como titular del área de Acceso a la Justicia de la Municipalidad de La Plata. Su paso por ese cargo también fue breve y, a fines de ese mismo año, volvió a ser apartada. Hoy, su conducta es analizada por la fiscalía ante la sospecha de que habría encubierto o protegido a los principales acusados de la causa. Es que, además de ser empleados del Senado bonaerense, eran referentes del movimiento La Capitana en La Plata, donde compartían espacio de militancia e incluso hicieron campaña por Unión por la Patria.
Las denunciantes sostienen que Gaudino intentó evitar que las acusaciones llegaran a la Justicia y que, lejos de acompañarlas como funcionaria de un área clave en ese sentido, contribuyó a dilatar el proceso en un momento crítico, cuando todavía convivían con el miedo y las amenazas de sus agresores.
Así funcionaba la supuesta secta
Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñóz permanecen detenidos desde diciembre, procesados por abuso sexual con acceso carnal agravado en al menos cuatro hechos ocurridos entre 2015 y 2019.
Según la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2 de La Plata, los acusados lideraban una organización con rasgos sectarios denominada “La Orden de la Luz”. De acuerdo a los testimonios, Rodríguez se presentaba como una entidad divina llamada “Dios Kiei”, un supuesto guerrero con poderes sobrenaturales y múltiples personalidades místicas, mientras que Silva Muñoz actuaba como facilitadora y guía espiritual.
Las víctimas relataron un esquema sostenido de manipulación psicológica, amenazas, violencia física y abusos sexuales reiterados. También describieron castigos corporales, sesiones de “reentrenamiento”, dependencia económica y una estructura de control que impedía abandonar el grupo sin represalias.
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Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñóz
La causa principal no es la única en trámite. Existe un expediente paralelo que investiga hechos que habrían ocurrido dentro de las oficinas del Senado bonaerense. Esa investigación se encuentra en etapa de instrucción y todavía no hay imputaciones, pero los testimonios recolectados podrían abrir nuevas líneas de análisis.
En los próximos días se tomarán nuevas declaraciones solicitadas por los abogados de las denunciantes y el 22 de enero está prevista la apertura de los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos. Para la fiscalía, ese material puede resultar determinante para reconstruir cómo operaba la presunta secta y si existió una red de protección que permitió que los hechos se mantuvieran ocultos durante años.
Los investigadores estiman que podría haber al menos 20 víctimas, algunas de ellas menores de edad al momento de los hechos. Muchas todavía no se animaron a denunciar, pero podrían declarar como testigos.
