Recortes en el Fondo Compensador, deterioro edilicio y quita de presupuesto en educación especial exponen una crisis estructural que atraviesa la Provincia
Se multiplicaron los reclamos en la Provincia
Legisladores y comunidades educativas de la provincia de Buenos Aires exponen la preocupación ante una serie de recortes presupuestarios que impactan en la infraestructura escolar, las condiciones laborales del personal docente, y se extienden también a ámbitos sensibles como la educación especial.
La diputada provincial María Belén Malaisi (UCR + Cambio Federal) denunció que el Gobierno de Axel Kicillof redujo en un 50% los fondos destinados al llamado Fondo Compensador, un recurso clave que la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) transfiere mensualmente a los Consejos Escolares de los municipios para tareas de mantenimiento, reparaciones menores y funcionamiento cotidiano de las escuelas.
Según detalló en diálogo con El Editor Platense, el ajuste comenzó a reflejarse en mayo de este año cuando los Consejos pasaron de recibir, por ejemplo, “42.800.000 millones de pesos en abril a 21.400.000 millones en mayo, para cubrir la misma cantidad de servicios educativos”.
Malaisi explicó que esta reducción se debe, en parte, a la caída en la recaudación provincial, pero también a la falta de tratamiento del Presupuesto 2025. “Al no haber tenido presupuesto y al seguir prorrogándolo, no está actualizado. Axel Kicillof tiene la responsabilidad de garantizar que los diputados podamos tratar el proyecto. Hay un claro interés de no tener presupuesto”, sostuvo.
La legisladora enfatizó que estos recortes tienen consecuencias inmediatas en las escuelas: demoras en pagos a proveedores, suspensión de arreglos urgentes y paralización de obras menores. “Todo esto se resiente en las escuelas, sobre todo en los municipios más grandes que concentran mayor cantidad de establecimientos. Las cooperadoras escolares hacen un enorme esfuerzo para suplir lo que hoy el Consejo Escolar no puede cubrir, pero tampoco les alcanza”, señaló.
Es importante mencionar que en la provincia existen dos circuitos de financiamiento educativo: uno, de origen nacional, es el Fondo de Financiamiento Educativo, utilizado para obras de gran escala y ejecutado por los municipios bajo control del Tribunal de Cuentas. El otro, a cargo del Consejo Escolar, es el Fondo Compensador provincial, esencial para reparaciones cotidianas, compra de insumos básicos y sostenimiento de servicios como alimentación escolar, mantenimiento de matafuegos o reparación de tanques de agua. El recorte en este último afecta directamente el funcionamiento diario de las instituciones.
En paralelo, en el partido de La Matanza, la comunidad educativa de las Escuelas de Educación Especial N° 512 “Lucía Piccoli” y N° 513 manifestó su preocupación ante una serie de decisiones adoptadas por la Dirección de Educación Especial bonaerense, encabezada por Sebastián Urquiza, que podrían derivar en la reconversión o cierre de estas instituciones.
Padres, docentes y organizaciones del sector expresaron su rechazo a la posible unificación de servicios y transformación de las escuelas especiales en instituciones de modalidad “multidiscapacidad”. Actualmente, la EE N° 513 atiende a estudiantes sordos e hipoacúsicos, la EE N° 512 a jóvenes con discapacidad intelectual, y la EE N° 507 a estudiantes con discapacidad motriz. Cada una cuenta con espacios adaptados a las necesidades específicas de su comunidad educativa.
“Con estos cambios, estas escuelas pierden esa caracterización. Con la unificación, se organizarían por niveles y no por tipo de discapacidad. Lo primero que nos plantean es que sobran docentes y que hay pocos estudiantes”, denunciaron maestras de las instituciones.
Desde la comunidad educativa advirtieron que estas medidas por parte del Gobierno bonaerense atentan contra las trayectorias educativas y las identidades culturales construidas en torno a estas escuelas. “Es un ajuste”, sostuvieron con contundencia.
En un comunicado difundido por las escuelas, se advierte que este modelo precariza la educación especial y vulnera derechos pedagógicos básicos, al obligar a estudiantes de distintas edades y niveles a compartir espacios comunes. Esto no solo dificulta el trabajo especializado, sino que también contradice los principios de equidad e inclusión.
“La educación especial en la Provincia, y particularmente en distritos como La Matanza, está siendo arrinconada por decisiones estructurales que no contemplan la realidad ni las necesidades concretas de las comunidades escolares”, concluyeron desde la comunidad. “El derecho a una educación inclusiva, de calidad y con identidad no puede estar sujeto a criterios de ajuste. La desaparición de estas instituciones no solo vulnera derechos adquiridos, sino que profundiza la desigualdad”.
La Plata no queda exenta de estos problemas, cabe recordar que, como viene informando El Editor Platense, el deterioro estructural es generalizado. En la EES N°3 de Los Hornos debieron suspender reiteradas veces las clases por falta de calefacción y electricidad, por ende puede verse que ni siquiera están dadas las condiciones mínimas para que docentes y estudiantes puedan habitar la institución con tranquilidad.
No se trata de un problema aislado, a lo largo del invierno diferentes escuelas de la región alertaron sobre la falta de calefacción, estufas en mal estado, instalaciones eléctricas deficientes y filtraciones de agua que agravan aún más el cuadro en el contexto de temperaturas bajo cero. En algunos edificios directamente no se dictaron clases presenciales, mientras que en otros se intentó continuar la actividad con mantas, abrigo y buena voluntad.
A esto se le suma que en la Escuela N° 517 “Benito Quinquela Martín” debieron suspender las clases semanas atrás por la presencia de roedores, lo que evidencia que los reclamos no son casos aislados: representan una problemática estructural persistente en muchas escuelas de la zona, donde la infraestructura no ha sido mantenida adecuadamente durante años.
La situación educativa en la provincia de Buenos Aires atraviesa una crisis que no es sólo una suma de problemas aislados, sino que es el resultado de una política de desinversión y desatención sostenida. Los recortes al Fondo Compensador provincial impactan de lleno en el mantenimiento cotidiano de las escuelas, dejando a miles de estudiantes sin calefacción, con instalaciones eléctricas inseguras o incluso expuestos a condiciones de insalubridad, como en el caso de la Escuela N° 517 de La Plata.
El deterioro edilicio y la falta de respuesta oficial exponen un conflicto más profundo: mientras las comunidades educativas se organizan para garantizar lo básico -abrigo, comida, higiene-, la gestión de Kicillof no brinda respuestas o soluciones concretas y rápidas frente a las urgencias. En muchas oportunidades, la educación pública deja de ser un derecho garantizado y pasa a sostenerse por la voluntad y el esfuerzo de docentes, cooperadoras y familias.
En paralelo, la educación especial enfrenta un retroceso alarmante. Las medidas impulsadas en distritos como La Matanza, que apuntan a la reconversión o unificación de escuelas, significan un vaciamiento encubierto que desconoce las particularidades pedagógicas y vulnera derechos conquistados por décadas de lucha, dejando sin respuesta a cientos de personas con discapacidad.
La combinación de recortes presupuestarios, deterioro edilicio y desarticulación de la educación especial conforma un escenario de ajuste estructural por parte del Gobierno bonaerense que profundiza la desigualdad. En lugar de garantizar condiciones dignas, el sistema educativo bonaerense se sostiene sobre parches, improvisación y desidia política, mientras los funcionarios discuten cifras.