Las gestiones de Julio Garro estuvieron marcadas por denuncias de corrupción. El cambio de gestión expuso un entramado de irregularidades en las cooperativas
Cooperativas: ocho años de manejo irregular y promesas incumplidas
El vínculo entre las cooperativas y la política en la ciudad de La Plata es profundamente estrecho. Durante las dos gestiones de Julio Garro al frente de la Comuna, la relación estuvo atravesada por denuncias de favoritismo, manejos poco transparentes y un crecimiento explosivo que encendió alarmas.
El cambio de mando en la intendencia expuso el lazo entre la ex administración municipal y este sector, aunque también sembró incógnitas sobre el manejo actual: el repaso de los últimos años y la pregunta sobre el futuro del entramado. El 21 de noviembre del año pasado un sorpresivo operativo de la Policía Federal irrumpió en la Municipalidad de La Plata para la realización de un allanamiento por una causa que data de 2017, durante la gestión de Julio Garro.
Mediante una disposición del juez Ernesto Kreplak, patrulleros y efectivos llegaron a las oficinas de Tesorería y Contabilidad con una orden de allanamiento para llevar adelante el procedimiento con fuerte hermetismo. Según informaron entonces desde la Comuna, las autoridades solicitaron “información sobre contrataciones efectuadas por la gestión anterior”.
“La medida fue ordenada por el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata, que solicitó documentación vinculada a ‘contratos suscritos en el periodo 2017-2018 entre el Municipio y las cooperativas’ detalladas en la orden de presentación, las que no han mantenido vínculo contractual con la presente administración municipal”, expusieron a través de un comunicado.
Lo llamativo de esto fue la reactivación sorpresiva de una causa que tiene un largo caminar en la Justicia local a partir de su nacimiento en 2017, motorizada por la denuncia de la entonces concejal del radicalismo Florencia Rollie, que durante su desarrollo se fue recopilando información que puso contra las cuerdas al exintendente y un puñado de nombres de extrema confianza.
Durante sus dos gestiones al frente de la Municipalidad de La Plata (2015-2023) la relación con las cooperativas de trabajo estuvo marcada por la asignación de recursos públicos. Mientras su administración acumulaba reclamos de algunas cooperativas por sueldos adeudados, falta de insumos y vestimenta para sus trabajadores, otras se veían beneficiadas.
Según se puede recopilar de informes oficiales y causas judiciales, durante el primer mandato de Julio Garro en calle 12, la cantidad de cooperativistas escaló de 300 a 5.000, un engrosamiento que llamó la atención y terminó por explotar al cierre de su primera etapa, debido a que esta maniobra desencadenó denuncias públicas que señalaron que muchas de estas cooperativas funcionaban como estructuras precarias, con vínculos políticos directos con funcionarios municipales y por consiguiente, contratos falsos, cargos inexistentes y políticos vinculados en estafas que involucraron los nombres de los miles de trabajadores.
A partir de la rendición de cuentas de la gestión amarilla se determinó que la Comuna destinaba un presupuesto específico para pagarle a miles de trabajadores por prestar servicios, aunque la cifra real de cooperativistas que realizaban esos trabajos era apenas de 900. Este manejo se habría repetido durante varios años y la diferencia de dinero nunca se supo que destino tuvo.
Para 2020, eran 11 las cooperativas de trabajo que prestaban servicios a la Municipalidad, las mismas estaban al mando de personas cercanas al mandatario platense, Liliana Licha y Mauro Petrone: Centenario, El Molino, Almagro Ltda., Sol de Aeropuerto, San Carlos a la Obra, 17 de Agosto, El Retiro, Solidaridad Los Hornos, Insucoop, Los Emprendedores de Villa Elvira Ltda. y Forjar.
Un dato que está resaltado en este entramado es que sólo dos de ellas estaban vigentes en los registros oficiales y, según estimaciones, concentraban más del 90% de los millones de pesos destinados por el Ejecutivo al sector. Es que del total, ocho estaban suspendidas y una cancelada por incumplimientos de normativas del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Es decir, Garro habría usado cooperativas irregulares para quedarse con fondos públicos y lo habría hecho a través de nombres de su confianza.
Uno de los principales apuntados y apoderado de alguna de las cooperativas involucradas en el entramado es Mauro Nicolás Petrone, quien durante la gestión de Garro era Responsable de la Dirección del Casco Urbano de la Municipalidad de La Plata, y entre sus funciones tenía a su cargo la diagramación, coordinación y control de las cooperativas que se encargaban del barrido; la recolección de residuos no habituales en avenidas, diagonales y calles internas; la planificación y control de las cooperativas; y cuadrillas encargadas del corte de pasto de diagonales, plazoletas e instituciones públicas. Por lo cual, se desprende que Petrone estaba en los dos lados del mostrador, controlando por un lado y cobrando por el otro, en una clara incompatibilidad como funcionario público.
Por otra parte, Petrone no sólo tenía vínculos “profesionales” con el equipo municipal, sino que, además su pareja en aquel entonces -la exconcejal de Cambiemos, Julieta Quintero Chasman-, se desempeñaba también como la secretaria privada del propio exintendente y mujer de su extrema confianza.
Al mismo tiempo, otro dato que resultó llamativo es que las dos cooperativas en las que aparecía Petrone como apoderado (INSUCOOP y El Futuro) concentraban más del 25 % del total de los gastos que superaron individualmente los $50 millones.
Otro engranaje central en el armado de irregularidades que son investigadas desde hace años por la Justicia, es Nelson Marino, íntimo amigo de Julio Garro y su mano derecha durante el primer tramo de su administración. Entonces, el hombre del oeste platense ocupaba la silla de la Secretaría de Gobierno y tenía bajo su ala la Dirección de Cooperativas, que se encargaba de dirigir el área.
El “panadero de Abasto” era un hombre con mucha influencia en la gestión garrista y el Concejo Deliberante, donde logró imponer varios nombres propios, entre ellos el de Liliana Lucha, otra de las involucradas en la causa por ser una de las titulares de las cooperativas truchas que los investigadores creen que cobraban dinero para cubrir el pago de una cantidad de trabajadores, muy superior a los que realmente prestaban servicios.
Mientras la Justicia avanzaba con la investigación sobre las once cooperativas mencionadas y el engranaje político que había detrás, a comienzos del 2021 el entonces intendente Julio Garro lanzaba una promesa: el pase a planta permanente de los cooperativistas. Finalmente, nunca se concretó el anuncio.
El Jefe Comunal del PRO optó por contratos trimestrales para trabajadores que se encargaran de los trabajos de limpieza, principalmente. Esto despertó molestias no sólo por el corto periodo de anticipación que hubo, sino también por la cantidad de gente que perdió sus trabajos a raíz de ello. En su momento, la oposición y miembros de las cooperativas aseguraron que se trataban de “despidos encubiertos” y además, no se reconocía la antigüedad de los trabajadores, que implica la pérdida de los beneficios de la seguridad social.
Esto pasó en paralelo al desvío de fondos que fue registrado entre los años 2016 y 2018 mencionado líneas antes, donde se habrían desviado más de $2.085 millones destinados al pago de cooperativas municipales, de los cuales, los trabajadores sólo percibían una pequeña fracción. En la denuncia se detalló que con las 5.000 personas inscriptas en el Registro de Cooperativas, lo que debería significar un gasto mensual total de $18 millones para el municipio, sin embargo, los intermediarios reclamaban 55 millones, lo que abrió la pregunta de a dónde iban a parar los más de 30 millones de pesos que no llegaban a los bolsillos de los empleados. Además, entre las irregularidades se incluyeron pagos en efectivo sin registros adecuados, falta de documentación respaldatoria y la utilización de cooperativas con autoridades vinculadas a funcionarios municipales.
Durante los mandatos de Julio Garro las cooperativas fueron una de sus más eficaces “cajas negras”, que intentó ocultar con la municipalización de las mismas, hecho que salió a la luz con claridad en el último año, cuando al asumir Julio Alak a la Comuna realizó una gran denuncia tras conocerse los resultados de la auditoría sobre la planta municipal de La Plata. “Un número importante de personas que cobraban el sueldo sin ir a trabajar, se trata de miles, casi se aproxima a la mitad de la planta”, señaló Alak en su momento sobre los hechos que se tradujeron en la denuncia por “fraude en perjuicio de la administración pública; malversación de caudales públicos”, e incluyó abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
En los ocho años de gestión del PRO se pudo saber que ingresaron más de seis mil agentes, un equivalente al 52% del total de la planta. De estos, pocos trabajaban en administración o brindando servicio, sino que eran contratos políticos, argumentando que fueron incorporados en años electorales: 2021 y 2023. “Se generó una industria de cooperativas que en algunos casos sirven como instrumento electoral”, expresó Alak al realizar la demanda. La misma, como informó El Editor Platense en su edición pasada, determinó que durante al menos tres años se habría desarrollado una estructura sistemática para designar personal que no trabajaba y luego recolectar sus sueldos a través de un mecanismo que, aseguran, era aceitado y contaba con la complicidad de exfuncionarios de alto rango.
Ahora, la incógnita se posa sobre la gestión de las cooperativas que prestan servicio a la Comuna puesto que la administración justicialista decidió avanzar con la contratación de cooperativistas para los servicios de limpieza de la vía pública y obras, como así también fomentar la capacitación legal para el sector y la inserción en el circuito productivo local. Hoy, el Ejecutivo afronta una serie de pedidos de informe pendientes sobre las cooperativas locales que vuelven a ser eje de cuestionamientos por la falta de transparencia que las convierte en una hipotética caja negra de la política que trasciende al color político de una gestión.