El caso ‘Chocolate’ Rigau tiene su correlato en la Comuna de La Plata con el desarrollo de un entramado que involucra a exfuncionarios cercanos a Julio Garro
La Justicia avanza en la investigación sobre el entramado dentro del Municipio de La Plata
La Plata vuelve a ser escenario de un nuevo escándalo en otro resonante expediente que indaga sobre la corrupción en el entramado político bonaerense, en una causa judicial que ha sido bautizada como “Ñoquis en la Municipalidad de La Plata ”.
La Justicia penal imputó a ex funcionarios del exintendente Julio Garro que formarían parte de un sistema de fraude al Estado similar al que expuso el caso Julio ‘Chocolate’ Rigau en la Legislatura bonaerense. La lupa, una vez más, está puesta sobre una decena de empleados que cobraban sueldos sin presentarse a trabajar, e incluso en haberes de personas fallecidas.
La imputación de exfuncionarios cercanos al exmandatario municipal desnuda una lógica de poder premiando lealtades en lugar de gestionar para la ciudadanía. No se trataría simplemente de empleados fantasmas, sino de una práctica estructurada que se replica en múltiples estamentos del poder Ejecutivo y Legislativo. Los procedimientos judiciales en el marco de esta causa tuvieron lugar en los domicilios de 13 imputados acusados por "incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la administración pública y falsa denuncia".
Entre los allanados estuvieron Oscar Negrelli, exsecretario de Coordinación municipal y mano derecha de Garro durante su gestión; Mariano Baruki Pérez Aramburu, exdirector de Capital Humano y encargado de las designaciones; y Néstor Omar Pulichino, exsecretario de Políticas Públicas. Todos fueron parte de la mesa chica de decisiones durante la última gestión municipal y son los principales apuntados en esta trama judicial: sus oficinas eran, también, las áreas donde se “ubicaban” —en los papeles— a estos empleados invisibles.
Para comenzar a reconstruir el caminar de la investigación judicial hay que dar un par de pasos para atrás. La historia comenzó a tejerse cuando el actual intendente de la ciudad de La Plata, Julio Alak, decidió auditar lo que dejaba atrás el gobierno anterior a partir del crecimiento de la planta municipal en la gestión amarilla: en el proceso se hallaron expedientes incompletos, contratos sin justificación y empleados que nadie conocía, pero cobraban un sueldo.
Al llegar a las manos de la Justicia, se determinó que lo que parecían casos aislados respetaban un patrón. Según la fiscalía, durante al menos tres años se habría desarrollado una estructura sistemática para designar personal que no trabajaba y luego recolectar sus sueldos a través de un mecanismo que, aseguran, era aceitado y contaba con la complicidad de exfuncionarios de alto rango.
El foco principal, además del exintendente del PRO, posa sobre su mano derecha. En los detalles de la causa, a la que accedió El Editor Platense, se indica que varias de las personas que percibían sueldos de la Comuna, pero no prestaban servicios, se encontraban nombradas en su área. “Debería haber velado por el cumplimiento de sus deberes encomendados, y si eventualmente designaba personas, debía controlar que se presenten y cumplan con sus labores”, señala el expediente.
De acuerdo a documentos a los tuvo acceso este medio, durante el 2023 -año electoral- se realizaron decenas de designaciones de “Personal Temporario Mensualizado” cuyos contratos iban renovándose cada dos o tres meses y de los cuales alrededor del 80% fueron realizados por la Secretaría de Coordinación Municipal que comandaba Negrelli.
Entre los nombres que figuran, por ejemplo, en un decreto fechado el 7 de abril se encuentran los de ciudadanos con residencia en ciudades del Gran Buenos Aires o el interior, como así también de residentes extranjeros que no figuran registrados ante la entonces AFIP.
Negrelli, que quedó imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude a la administración pública y falsa denuncia, hoy ocupa un puesto en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde -según se supo- se encuentra percibiendo un contrato de alrededor de 2 millones de pesos. Refugiado en el organismo presidido por el kirchnerista Guido Lorenzino, y alejado de las redes sociales hace más de un mes, sobre todo de su cuenta de “X” (exTwitter) en la que suele publicar su actividad, su rol en la Defensoría no pasa inadvertido y despierta serias dudas.
Otro de los imputados en la causa es el exdirector general de Personal del Municipio, Mariano Baruki Perez Aramburu, a quien se lo investiga por tener a cargo el control de las designaciones del personal. Es decir, le puso el gancho a la maniobra fraudulenta. “Se pudo establecer que bajo su órbita se nombraron personas que percibían haberes y no iban a trabajar, como el caso de funcionarios que habiendo cesado en sus funciones y continuaron percibiendo haberes”, enfatiza el documento judicial.
El último -y no menos importante- vértice del triángulo compuesto por los funcionarios de las altas esferas que habrían facilitado la maniobra es Néstor Pulichino, quien estaba a cargo de la Secretaría de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia. Debajo de su ala se encontraban otros dos imputados: Facundo Pérez, que estuvo a cargo de la Dirección General de Habilitaciones, y Dario Javier Musto, asesor en la Secretaría de Políticas Públicas.
Ambos renunciaron en marzo de 2023 y diciembre de 2021, respectivamente, pero igual cobraron sus haberes hasta noviembre de 2023. Un dato de color, en el tramo final de la administración de Garro se nombró a la sobrina de Musto dentro de la Dirección General de Habilitaciones, en la cual tenía influencias.
El escándalo dentro de calle 12 tiene raíz en el caso que investiga a Julio Rigau por la maniobra fraudulenta en la Legislatura bonaerense, donde cobraba el dinero de cientos de personas que fueron nombradas sin saberlo, no asistían a trabajar o, peor aún, fallecieron y seguían cobrando. Mientras la política local se escandalizaba con el caso ‘Chocolate’, a pocos metros se desplegaba un sistema similar.
Además de la Legislatura, Rigau también ubicó a los suyos dentro de la Municipalidad de La Plata. Uno de ellos es su hijo Cristian que además de trabajar -en teoría- en la comuna y en la Legislatura, figura como empleado en Supermercados Nini, según una investigación de La Nación.
De su mano ingresaron al Palacio Comunal la “hijastra” de Rigau, Lorena Valdata, como así también Cecilia Valdata, quien se desempeñó allí hasta que falleció en 2020 en un incidente vial. A esta lista se suman Sergio Lucero, Ricardo Jalet, Pablo Villar y Amancay Martina Aylen Valdata, todos ellos imputados y con vínculos comprobados con el puntero del Partido Justicialista (PJ). De acuerdo al fiscal del caso, Jalet y Lorena Valdata eran los encargados de cobrar todos los meses los haberes de -al menos- diez personas nombradas entre 2021 y 2023 dentro de las áreas a cargo de Negrelli, Pullichino y Baruki Pérez Aramburu.
Otro de los paralelismos entre el sistema de recaudación en la Legislatura Provincial y la administración comunal es la recaudación de haberes de personas muertas. Se trata de Moira Jazmin Valdez, viuda de Julio Gastón Barrionuevo -ambos empleados municipales- quien percibía los haberes de su difunto esposo. Valdez se desempeñaba en el Centro Comunal Los Hornos, sito en calle 137 y 64 de La Plata, durante el mes de diciembre de 2022 hasta diciembre de 2023. A sabiendas cobró los haberes de su difunta pareja, Barrionuevo -fallecido el día 20.10.2021- en un total que asciende la suma de casi dos millones de pesos argentinos, ello en detrimento de la administración pública.