La Justicia investiga el posible almacenamiento no homologado y posibles derrames de combustibles y fluidos contaminantes en el circuito platense
El rugido de los motores volvió a quedar en segundo plano en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Esta vez no fue por una polémica deportiva ni por una definición del Turismo Carretera, sino por una causa judicial que amenaza con abrir un nuevo frente de conflicto para el automovilismo y, especialmente, para el entorno de la familia Mazzacane.
Un allanamiento de la Policía Federal realizado este fin de semana en el circuito platense puso el foco sobre una denuncia por presunta contaminación ambiental vinculada al almacenamiento y manipulación de combustibles, aceites y otros fluidos utilizados en las competencias.
La investigación nació a partir de la presentación realizada por un ex corredor, quien denunció posibles irregularidades en las condiciones de almacenamiento de sustancias potencialmente contaminantes dentro del predio ubicado en la zona de Abasto.
El procedimiento, ordenado por el Juzgado de Garantías N°5 de La Plata, incluyó la participación de más de 50 efectivos de la Policía Federal, integrantes de la Superintendencia de Bomberos y especialistas del departamento de delitos ambientales. Durante el operativo se clausuró un sector del autódromo y se secuestraron muestras de combustibles y líquidos para ser analizadas.
Aunque oficialmente la causa se encuentra bajo estricta reserva, las sospechas apuntan a que parte del combustible utilizado en el Mouras habría sido almacenado en recipientes o tanques que no cumplirían con las normas de seguridad y protección ambiental exigidas para este tipo de actividades.
Según informaron fuentes policiales a El Editor Platense, una de las principales preocupaciones de los investigadores es determinar si hubo derrames o filtraciones capaces de afectar el suelo y eventualmente las napas subterráneas.
El dato no es menor en una ciudad como La Plata, donde desde hace años existe una sensibilidad especial alrededor de las problemáticas ambientales. El Mouras está emplazado en una zona donde conviven sectores rurales, áreas habitadas y cursos de agua que desembocan en cuencas sensibles. Por eso, cualquier sospecha de contaminación con hidrocarburos enciende alarmas inmediatamente.
En términos técnicos, las sustancias bajo análisis son altamente contaminantes. Los combustibles utilizados en competencias automovilísticas contienen hidrocarburos y aditivos químicos que, si no son almacenados correctamente, pueden generar daños severos sobre el ambiente. Lo mismo ocurre con aceites de motor, líquidos hidráulicos, refrigerantes y solventes industriales.
Especialistas en contaminación ambiental explican que los hidrocarburos pueden infiltrarse en el suelo y alcanzar las napas de agua subterránea, afectando tanto ecosistemas como fuentes de agua utilizadas para consumo o actividades agropecuarias.
También advierten que la exposición prolongada a determinados compuestos derivados del petróleo puede provocar riesgos para la salud humana, especialmente en trabajadores que mantienen contacto frecuente con esos materiales.
Los investigadores también buscan establecer si hubo controles periódicos, habilitaciones actualizadas y protocolos de seguridad ambiental dentro del predio. Justamente, algunas de las publicaciones que siguieron el operativo señalaron que el allanamiento también estuvo relacionado con presuntas irregularidades en habilitaciones del circuito.
La causa ambiental no aparece aislada. Llega en un momento especialmente delicado para el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, y para su hijo, Gastón Mazzacane, quienes ya están procesados en otra investigación federal por presuntas maniobras de evasión fiscal, insolvencia fraudulenta y utilización de estructuras societarias destinadas a ocultar patrimonio y evitar pagos impositivos.
Ese expediente, que tramita en el Juzgado Federal N°1 de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla y con intervención de la fiscal federal María Laura Roteta, investiga un presunto entramado económico ligado a la ACTC y a empresas vinculadas a la familia Mazzacane.
Según la acusación, se habrían utilizado sociedades interpuestas, facturación apócrifa y maniobras contables para desviar activos y reducir artificialmente cargas tributarias. El perjuicio estimado para el Estado rondaría los 4.000 millones de pesos.
Dentro de esa causa aparece mencionada la firma Quilmes Tolosa S.A., históricamente vinculada al entorno empresarial de los Mazzacane y radicada en La Plata. La investigación derivó en allanamientos, embargos sobre vehículos e inmuebles y una fuerte presión judicial sobre la conducción de la ACTC.
No es la primera vez que el Roberto Mouras aparece asociado a expedientes judiciales. Ya en 2018 el predio había sido allanado en una megacausa por facturas truchas vinculadas al Turismo Carretera. En aquel entonces, la AFIP y Prefectura buscaron documentación relacionada con operaciones económicas de equipos, sponsors y dirigentes del automovilismo.
Con el paso de los años, además, crecieron los cuestionamientos políticos y administrativos alrededor del funcionamiento del circuito platense. Hace pocas semanas incluso se presentó un pedido de informes en el Concejo Deliberante de La Plata para conocer detalles sobre el estado de habilitación, condiciones de seguridad y administración del predio.
El trasfondo de esas discusiones excede al Mouras. Desde hace tiempo el automovilismo argentino atraviesa una disputa de poder entre la ACTC y otros organismos históricos del deporte motor, como el Automóvil Club Argentino.
En distintos ámbitos del ambiente tuerca se habla desde hace años de manejos poco transparentes, disputas económicas y sistemas de financiamiento oscuros.