Hay dos causas que investigan movimientos millonarios de agencias de cambio durante el Gobierno de Alberto Fernández, alguno de ellos con sede en La Plata
Investigan a agencias de cambio por presunta maniobra de cientos de millones de dólares.
Durante los años más duros del cepo cambiario, acceder al dólar era una odisea y solo se podía comprar en agencias de cambio. Empresas denunciaban trabas eternas para importar insumos y conseguir autorizaciones, las cámaras industriales alertaban por líneas de producción frenadas y el sistema de salud advertía faltantes de materiales médicos.
En ese contexto, con una brecha cambiaria que en algunos momentos superó el 100% entre el dólar oficial y el blue, la Justicia federal comenzó a investigar cómo distintas agencias de cambio y operadores financieros habrían logrado mover cientos de millones de dólares utilizando justamente ese sistema de restricciones que para la mayoría de las empresas resultaba prácticamente inaccesible.
Hoy existen dos expedientes federales distintos que avanzan sobre esas maniobras y que, aunque tramitan en juzgados diferentes, se cruzan constantemente en nombres, sociedades comerciales, agencias de cambio y operadores financieros.
Uno está en manos de la jueza federal María Romilda Servini y el fiscal Carlos Stornelli, mientras que el otro es investigado por el juez Ariel Lijo junto al fiscal Franco Picardi.
Ambos expedientes tienen además una fuerte conexión en La Plata, donde empresarios radicados en la ciudad, aparecen mencionados en informes del Banco Central, dictámenes judiciales, chats secuestrados y documentación societaria incorporada a las causas.
La investigación que tramita en el juzgado de Servini se originó a partir de reportes elaborados por el Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF), que detectaron movimientos millonarios entre agencias de cambio durante 2022 y 2023.
Con el avance del expediente, la investigación comenzó a cruzarse con una estructura financiera mucho más amplia que terminó salpicando a Sur Finanzas, la firma de Ariel Vallejo que ya aparecía mencionada en otros expedientes vinculados al mundo del fútbol y a operaciones económicas relacionadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
A medida que avanzaron los allanamientos y el análisis de documentación bancaria, la Justicia empezó a detectar conexiones entre agencias de cambio, financieras y operadores que mantenían vínculos comerciales entre sí.
Según la hipótesis judicial, distintas financieras habrían comprado dólares al tipo de cambio oficial y luego los habrían retirado físicamente en efectivo para volcarlos al mercado paralelo, aprovechando la enorme diferencia de cotización que existía en aquellos años.
Esta semana, la jueza Servini ordenó embargos preventivos por más de 859 mil millones de pesos sobre empresarios y más de cien agencias de cambio. Según la resolución judicial, la maniobra investigada habría implicado la extracción de aproximadamente 607 millones de dólares del sistema financiero formal, perdiéndose luego completamente la trazabilidad del dinero.
Dentro de esa causa aparece uno de los nombres más relevantes para La Plata. Juan Ignacio Agrá, empresario local, exfuncionario bonaerense y titular de Mega Latina S.A., una de las agencias de cambio que más dólares habría movido durante el período investigado.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, Mega Latina compró más de USD 466 millones entre enero de 2022 y agosto de 2023.
Los informes del Banco Central remarcan que la firma adquirió USD 466.051.875 y vendió USD 466.270.277 en ese lapso, una diferencia mínima que para los investigadores podría indicar que la empresa actuaba esencialmente como intermediaria financiera y no como una agencia de cambio orientada a operaciones genuinas con clientes finales.
Los reportes oficiales detectaron además que la operatoria se disparó abruptamente a partir de abril de 2023 y alcanzó su pico entre junio y agosto de ese año, cuando se concentraron más de USD 327 millones, casi el 70% de toda la actividad investigada.
Según la reconstrucción judicial, Mega Latina compraba dólares a entidades habilitadas y luego los revendía a otras agencias amigas que posteriormente terminaron observadas o directamente sancionadas por el Banco Central.
Uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores tiene que ver con los retiros físicos de dinero: el expediente sostiene que solamente entre el 27 y el 31 de julio de 2023 la firma retiró más de USD 15 millones en efectivo.
Para el Banco Central, esa modalidad hacía mucho más difícil seguir el recorrido posterior de las divisas y reconstruir quiénes terminaban finalmente quedándose con esos dólares adquiridos al valor oficial.
La causa también pone bajo análisis a Karuna Group, una agencia de cambio ubicada sobre avenida 7, en pleno centro platense, que fue allanada este año y que aparece vinculada societariamente tanto con Agrá como con Juan Bautista Melzi, dirigente del Frente Renovador en La Plata y hombre cercano a Rubén Eslaiman, vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense.
En el expediente también aparece mencionado Carlos Emilio Melzi, padre de Juan Bautista, quien figura relacionado con distintas estructuras financieras bajo investigación.
Los informes judiciales remarcan además múltiples relaciones laborales y societarias cruzadas. Según surge de la documentación incorporada a la causa, Natalia Carolina Eslaiman, hija de Rubén Eslaiman, habría trabajado tanto en Karuna Group como en la Legislatura bonaerense.
A eso se suma otro vínculo: Carlos Melzi está casado con Rosana María Laplace, vicepresidenta de Multicambio SA, otra de las agencias señaladas dentro del expediente.
Otro de los nombres vinculados a La Plata que aparece dentro de la causa de Servini es Intercash, empresa relacionada al empresario Julio Oscar Bergery.
Según el sumario administrativo, Intercash integraba el grupo de agencias que operaban regularmente con Arg Exchange S.A., una de las firmas consideradas centrales dentro de la estructura investigada.
La documentación del Banco Central sostiene que Arg Exchange realizó durante 2023 unas 729 operaciones de cambio por aproximadamente USD 251.961.040 y que prácticamente toda esa actividad estuvo destinada a operaciones entre agencias y no a clientes finales.
En ese entramado aparecen mencionadas Gis Cambio, Andie, Eden y Centenera, entre otras firmas. Los investigadores también detectaron fuertes conexiones entre contadores, auditores y distintas agencias de cambio involucradas en las maniobras.
Uno de los nombres que aparece repetidamente en la documentación es el del contador Maximiliano Eric Mitroff, quien registraba intervención profesional no sólo en Intercash sino también en Cambio Imperial, Andie, Fast Cambio, Cambio Belgrano y Centenera.
Otra agencia de La Plata que fue embargada esta semana y podría estar vinculada a la maniobra es Cambio La Plata S.A.S. de calle 46 al 1500. Fue constituida en mayo de 2018 y aparece vinculada a Rubén Ariel Novarini.
La medida cautelar dictada por el juzgado federal abarca a un extenso listado de personas jurídicas y físicas.
Agencias y Empresas:
Personas Físicas (Financistas y directivos):
La segunda investigación, en manos de Lijo y Picardi, tiene un origen distinto, aunque vuelve a cruzarse con muchos de los mismos nombres. Ese expediente comenzó a avanzar a partir del análisis del celular del empresario Martín Migueles, donde aparecieron chats, audios y conversaciones relacionadas con autorizaciones SIRA, gestiones para acelerar importaciones y contactos vinculados al sistema financiero y cambiario.
En esa causa aparece mencionado el consultor platense Adriel Dono Miniot, identificado en las conversaciones como “Adriel La Plata”. Según los mensajes incorporados al expediente, y como reveló El Editor Platense, Migueles le habría ofrecido gestionar aprobaciones SIRA rápidas a cambio de porcentajes vinculados al valor de las operaciones.
En uno de los audios incorporados a la causa incluso se habla de autorizaciones que podían salir “en una semana con toda la furia” y de porcentajes del “11%”. Sin embargo, el dictamen fiscal aclara expresamente que esos mensajes por sí solos no acreditan el pago concreto de coimas o dádivas ilegales.
Dentro de esa misma investigación también surgieron conversaciones relacionadas con la confección de facturas presuntamente apócrifas destinadas a ser utilizadas en trámites vinculados a agencias de cambio.
Según el expediente, Migueles coordinaba pedidos para modificar facturas de servicios y luego gestionaba esos trabajos con un hombre identificado como Alejandro Castro. En los chats aparecen además referencias a pagos y transferencias bancarias vinculadas a esas tareas.
La fiscalía sostiene que varias de las personas y empresas cuyos datos figuraban en esas facturas estaban relacionadas con Arg Exchange y otras agencias investigadas. El expediente también remarca que algunas agencias informaban domicilios inexistentes y eran adquiridas por accionistas insolventes poco antes de comenzar a operar.
Uno de los nombres que aparece mencionado tanto en la causa de Servini como en la de Lijo es el de Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio.
Según el dictamen fiscal incorporado en la causa de Lijo, Piccirillo habría tenido un “rol central” dentro de las maniobras investigadas y mantenía vínculos con distintas agencias de cambio bajo análisis. La fiscalía sostiene además que existían contactos fluidos entre Piccirillo y personas vinculadas al Banco Central.
La Justicia federal sigue analizando chats, audios, documentación bancaria, movimientos financieros, sociedades comerciales y vínculos entre empresarios, agencias y operadores para determinar si las maniobras investigadas constituyeron delitos como lavado de activos, asociación ilícita, defraudación al Estado o infracciones al régimen cambiario.