La ordenanza regula unas 170 barriadas irregulares. Por su lado, otros 280 proyectos quedaron derogados
El Concejo Deliberante de La Plata aprobó por unanimidad la primera etapa del nuevo esquema de ordenamiento territorial del partido. La ordenanza redefine los límites urbanos y establece un mecanismo para regularizar unos 170 loteos. Además, el mismo deja sin efecto más de 280 desarrollos habilitados previamente sin convalidación provincial.
El proyecto, compuesto por 82 artículos, fue votado tras una extensa sesión de la comisión de Planeamiento y negociaciones entre bloques. Recibió el respaldo de todos los espacios, incluidos La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio-PRO y UCR-PRO.
La norma divide el territorio en tres zonas: urbana, perirurbana e industrial-rural, con distintas condiciones para edificación y parcelamiento. También prohíbe construcciones en áreas con riesgo de inundación y establece requisitos específicos para obras en zonas vulnerables.
En su segunda parte, la norma propone regularizar 170 loteos “irregulares” —según el término acordado con la oposición— y clasifica el resto, más de 280, como no aptos para subdivisión ni escrituración. La regulación abarca proyectos iniciados entre diciembre de 2013 y diciembre de 2023, y en algunos casos hasta el 9 de octubre de 2024, según el tipo de avance técnico.
Finalmente, se incorpora la obligación de que el Ejecutivo presente antes del 30 de septiembre un plan para integrar y relocalizar barrios precarios de la periferia.
El nuevo ordenamiento territorial aprobado por el Concejo Deliberante de La Plata incorpora sanciones más severas para quienes incumplan la normativa. Se prohíbe nuevamente la publicidad y venta de loteos sin autorización de subdivisión y escrituración, algo que había sido habilitado por la gestión anterior.
La iniciativa fue respaldada por dictámenes técnicos del Consejo de Ordenamiento Urbano Territorial (COUT), que incluye representantes de la UNLP, la Ucalp y colegios profesionales, y por organismos provinciales como el Ministerio de Ambiente, la Autoridad del Agua (ADA) y la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial.
Además, se crea un registro de infractores y un régimen disciplinario con controles e inspecciones para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes. También se incorporó un artículo, propuesto por la oposición, que exige que el COUT supervise la reglamentación que realice el Ejecutivo municipal.