Guillermo Francos oficializó la decisión que tomará el Gobierno en torno a la ley de Discapacidad que fue ratificada por el Gobierno tras el veto de Milei
El veto de Javier Milei a la ley de Discapacidad fue revertido por el Congreso
El Gobierno nacional confirmó que promulgará la nueva ley de discapacidad, que fue ratificada por el Congreso tras el rechazo al veto del presidente Javier Milei. Sin embargo, aclaró que no avanzará con la reglamentación hasta que se defina de dónde saldrán los recursos para su implementación.
En medio de versiones sobre una posible judicialización por parte del Ejecutivo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó este lunes que la ley será promulgada, aunque advirtió que su puesta en marcha está sujeta a la discusión presupuestaria.
“El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente”, precisó el funcionario nacional.
Francos subrayó que, a su parecer, la aplicación de esta norma debería debatirse “con el ministro del área y con las comisiones del Congreso para ver cómo se puede contemplar ese tema porque esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad”.
Si bien reiteró en varias oportunidades que la Casa Rosada promulgará la ley, el Jefe de Gabinete pateó la responsabilidad al Congreso al ser consultado sobre el origen de los recursos para aplicar la ley. “El artículo 38 de la ley financiera dice que el Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos. No me pueden endilgar a mí que soy el jefe de Gabinete que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”, señaló.
De acuerdo al informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, la implementación de la ley podría derivar en un aumento de entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios, con un costo fiscal estimado de entre $1,88 billones y $3,62 billones, lo que representa entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.
Además, se calcula que la compensación de emergencia para prestadores demandará otros $278.323 millones, mientras que los fondos destinados a los talleres de producción protegida ascenderían a $7.160 millones.