El Gobierno buscará debatir una nueva ley de Financiamiento Universitario en sesiones extraordinarias. La UNLP y otras casas de estudio reclaman fondos
La UNLP y otras universidades de todo el país reclaman más fondos
El Gobierno nacional resolvió extender las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero e incorporar al temario el envío de una nueva Ley de Financiamiento Universitario. La iniciativa impacta de manera directa en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Según trascendió, el decreto será rubricado esta noche por el presidente Javier Milei y será publicado el lunes en el Boletín Oficial. En la Casa Rosada apuran los tiempos y ajustan la letra chica para avanzar con la sanción de un esquema propio que se ajuste a la premisa del equilibrio fiscal y pueda cosechar el aval parlamentario.
La presentación se da en un esquema de tensión en escalada con las universidades que reclaman una actualización presupuestaria para garantizar el funcionamiento básico de las casas de estudio. Es que el Ejecutivo presentó un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para frenar la obligatoriedad de implementar la Ley de Financiamiento Universitario sancionada en 2024.
Aquella norma había sido aprobada por ambas cámaras, luego vetada por el presidente Javier Milei y, finalmente, ratificada por el Congreso, en un revés político para el oficialismo. Ahora, el Gobierno busca retomar la iniciativa con un proyecto propio que, aseguran, tendrá viabilidad fiscal y administrativa.
A fines del año pasado, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°11 hizo lugar a la presentación del Consejo Interuniversitario Nacional, y suspendió la vigencia del DNU N° 685/2025 por el cual el presidente de la Nación promulgó, parcialmente, dicha Ley.
La resolución judicial establece la recomposición de los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales. También dispone la actualización automática de las becas estudiantiles, que habían quedado suspendidas tras la decisión del Ejecutivo.
El juez Martín Cormick remarcó que la norma fue ratificada por el Congreso con la mayoría agravada prevista en la Constitución. En ese marco, advirtió que el Poder Ejecutivo no puede condicionar ni frenar la aplicación de una ley vigente mediante un decreto.
Asimismo, el magistrado sostuvo que "se encontraría conformado un supuesto de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, en tanto la lesión de los derechos o garantías reconocidos son consecuencia del acto u omisión de la autoridad pública de forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos".