Con aval del PJ, la CGT y las CTA, diputados y senadores del peronismo preparan su propia reforma laboral, en contraposición a la que impulsa el Gobierno
En plena efervescencia del debate por la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional, desde el peronismo anticiparon que presentarán su propio proyecto de Ley, que -adelantan- será diametralmente opuesto al de Milei. "No nos oponemos a una reforma, nos oponemos a la precarización laboral", afirmaron en un comunicado.
La redacción del texto se cocina en la sede del Partido Justicialista nacional, y cuenta con el acompañamiento de los gremios adheridos a la CGT y las dos CTA, y el visto bueno de la presidenta del partido, Cristina Fernández de Kirchner. El proyecto está a cargo de la diputada de extracción sindical Vanesa Silley, quien afirmó que "esta reforma laboral está escrita por el Fondo Monetario Internacional, e incluye también una reforma previsional encubierta, el primer paso para volver a las AFJP".
En ese sentido, desde el PJ advirtieron que las prioridades son: la recuperación del salario; la reducción de la jornada laboral y soberanía del tiempo; y la introducción de reformas para reconocer derechos y actualizar regímenes laborales. Uno de los ejes centrales del contraproyecto es la recuperación del poder adquisitivo. En ese marco, la iniciativa propone que el Salario Mínimo, Vital y Móvil cubra efectivamente el costo de la Canasta Básica Total, que en noviembre costó $1.257.329.
Como anticipó El Editor Platense, este jueves 18 de diciembre habrá una importante movilización a Plaza de Mayo, convocada originalmente por la Izquierda, a la que coincidió la CGT y se le fueron plegando diferentes sectores. Este lunes, se confirmó la presencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien estará encabezando la columna del Movimiento Derecho al Futuro.
Asimismo, desde ATE Nación llamaron a un paro nacional con movilización para la jornada del 18. El titular del gremio de los estatales, Rodolfo Aguiar, sostuvo que "hay que pudrírsela a los gobernadores", que "se están pegando un tiro en el pie", en referencia a los mandatarios provinciales que acordaron con el Gobierno el acompañamiento de sus diputados para la aprobación de la Ley.