El Protocolo Antipiquetes de Patricia Bullrich fue declarado nulo por la Justicia federal. Así lo determinó un fallo del juez Martín Cormick, a cargo de una causa en el juzgado 11, frente al reclamo de distintas organizaciones. En dos años, el protocolo causó 1.400 personas heridas por las fuerzas del orden.

El magistrado falló contra la Resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad, que Bullrich puso en marcha en diciembre de 2023. El protocolo establece que cualquier manifestación que interrumpa el tránsito constituye un delito en flagrancia, lo que habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta.

La acción colectiva pidió que se declare la inconstitucionalidad del protocolo al entender que atenta de manera directa contra el derecho a la protesta, a la libertad de expresión, de petición y de reunión, garantizados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales sobre derechos humanos.

El juez sostiene también que con el pretexto de ordenar el tránsito y darle “instrucciones a la policía”, la resolución se excede tanto que llega a modificar el código penal y las leyes orgánicas de las policías.

Alcances del protocolo de Patricia Bullrich

El protocolo impulsado por Bullrich, y continuado por Alejandra Monteoliva, habilitaba la intervención de las cuatro fuerzas federales y del Servicio Penitenciario Federal en cortes, piquetes y bloqueos, sin necesidad de orden judicial.

Entre sus disposiciones se incluían:

• Uso de la “mínima fuerza necesaria y suficiente”, graduada según la resistencia.
• Identificación de todas las personas que participen, organicen o instiguen la protesta.
• Registro de conductores y vehículos utilizados para trasladar manifestantes, con sanciones que podían llegar a la incautación.
• Aviso al juzgado competente en casos de daño ambiental, como la quema de cubiertas.
• Notificación a la autoridad de protección de menores en caso de participación de niños y adolescentes, con sanciones a sus responsables.

El fallo de Cormick marca un precedente importante en materia de derechos constitucionales y limita la aplicación de medidas de seguridad que, según el amparo, afectaban de manera desproporcionada a sectores vulnerables. La decisión deja sin efecto el protocolo antipiquetes y reabre el debate sobre los alcances de las políticas de seguridad frente a la protesta social.