Un Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió que se investigue el uso de la fuerza y mostró su preocupación por la salud de Pablo Grillo
La violenta represión ocurrida en el Congreso el pasado miércoles durante la marcha de jubilados hizo eco a lo largo y ancho del mundo. En las últimas horas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó al Gobierno argentino a investigar el accionar de los efectivos y expresó su preocupación por el estado de salud del fotógrafo Pablo Grillo.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, instó a las autoridades a “investigar con diligencia los hechos ocurridos” en la protesta en la que 46 personas resultaron heridas, entre las que se encuentran el fotógrafo Pablo Grillo, quien permanece en estado crítico.
“La existencia de algunos actos de violencia no justifica el uso de la fuerza contra todos los participantes de una manifestación que ejercen su derecho de reunión pacífica”, expuso el representante del organismo internacional.
Además, enfatizó que el uso de la fuerza debe “respetar en todo momento los principios internacionales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación y rendición de cuentas”.
El Comisionado habló de “uso indiscriminado de la fuerza por parte de la autoridad” y agregó que “muchos manifestantes eran personas de edad avanzada que exigían pacíficamente derechos sociales en materias de jubilación y salud”.
Jarab también subrayó que las armas menos letales, como las lacrimógenas, deben utilizarse adecuadamente según los estándares internacionales, ya que, de no ser así, pueden convertirse en letales.
La ONU Derechos Humanos realizó un llamado a las autoridades para que se realice a investigar con diligencia los hechos ocurridos una investigación exhaustiva y transparente. El organismo internacional destacó que más de cien personas detenidas durante la manifestación han sido liberadas al no hallarse evidencia de que cometieran delitos.
En este sentido, se resaltó “la importancia de la independencia judicial en la garantía de los derechos de participación, el control de la legalidad de las detenciones y de las actuaciones policiales”.