La diputada Marcela Pagano denunció a Manuel Adorni por presuntas irregularidades en contrataciones públicas y la concesión de Tecnópolis
Volvieron a denunciar a Manuel Adorni
Una nueva denuncia contra Manuel Adorni vuelve a poner en jaque al Gobierno de Javier Milei, que afronta sus peores días desde que estalló el escándalo de las coimas en ANDIS. Ahora, la diputada Marcela Pagano cargó contra el jefe de gabinete por presuntas irregularidades y contrataciones en Tecnópolis.
La presentación judicial, conocida este jueves, apunta a posibles delitos contra la administración pública vinculados a licitaciones de servicios de mensajería masiva y al proceso de concesión del predio de Tecnópolis, bajo la órbita estatal entre 2025 y 2026.
Según surge del escrito, una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un contrato por más de $3.650 millones para el envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas. En ese proceso, se advierten posibles vínculos societarios entre las firmas participantes como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L., lo que podría afectar los principios de competencia y transparencia en la contratación pública.
La denuncia también señala variaciones de precios en licitaciones similares y la reiterada participación de empresas relacionadas, lo que, de confirmarse, podría configurar una “simulación de competencia” en perjuicio del Estado.
Por otra parte, el escrito pone el foco en un presunto conflicto de interés en la concesión del predio de Tecnópolis, un proceso estimado en más de $183.300 millones y gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete.
En ese marco, se menciona la relación entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Angeletti -esposa de Adorni-, y empresas como Grupo Foggia, vinculada a una de las firmas preseleccionadas para la concesión junto a DirecTV Argentina.
Asimismo, se detallan conexiones comerciales con otras compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que, según la presentación, podría configurar un entramado de relaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Los hechos podrían encuadrarse en delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. Finalmente, la denunciante solicitó la apertura de una investigación penal y la producción de medidas de prueba para determinar responsabilidades de los funcionarios y empresarios involucrados