El Gobierno reclamó a la CIDH que Milagro Sala finalice su condena por corrupción en la cárcel. Desde 2023 cumple prisión domiciliaria en La Plata
Milagro Sala cumple domiciliaria en La Plata desde 2023
La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación reiteró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un pedido para que la ex dirigente social jujeña Milagro Sala abandone su casa en La Plata donde cumple prisión domiciliaria y finalice su condena por corrupción en la cárcel.
Desde el 2017, Milagro Sala se encuentra bajo el régimen de prisión domiciliaria, luego de haber sido condenada por asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, cuando lideraba la agrupación Tupac Amaru.
A través de un comunicado oficial, el Gobierno argumentó: “Sala violó las condiciones de prisión domiciliaria al cambiar de ubicación sin autorización del juez. Eso activó el sistema de monitoreo y motivó medidas de control”.
Para el área gubernamental, Sala habría definido las acciones de las Justicia como “hostigamiento”. “Busca revertir invertir la carga de los hechos y fabricar un relato para sostener un privilegio”, resalta el texto.
Milagro Sala cumple prisión domiciliaria desde 2023 en La Plata, cuando fue trasladada desde Jujuy al Hospital Italiano para ser operada de una trombosis venosa profunda que padece en su pierna izquierda.
Durante más de dos años, Sala vivió en una casa del barrio de Villa Elvira hasta que a fines del año pasado solicitó autorización judicial para trasladarse a una casa ubicada en Gonnet, a pocas cuadras del hospital. El pedido fue concedido de manera excepcional para atravesar allí las fiestas de fin de año.
El cambio de domicilio respondió al vencimiento del contrato de alquiler del inmueble anterior. En ese escrito, Sala sostuvo que la mudanza no obedecía a una decisión voluntaria y que la falta de un domicilio válido ponía en riesgo la continuidad del arresto domiciliario.
También remarcó que su permanencia en La Plata resulta central para sostener tratamientos médicos y psicológicos que, según argumentó, no podrían garantizarse en la provincia de Jujuy.
El comunicado oficial sostiene que “la República Argentina cumple con sus obligaciones internacionales” y calificó a la medida de la CIDH como “un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres”.
El documento agregó que “los derechos humanos están para proteger a las personas, no para blindar a condenados y garantizar su impunidad, mucho menos cuando se enriquecieron a costa de los ciudadanos de bien”.