El miércoles será una jornada clave espera la oposición en el recinto de la Cámara baja, que volverá a abrirse tras el cierre de listas a nivel nacional
La Cámara de Diputados se apresta a vivir este miércoles una jornada que promete ser definitoria para la dinámica política del Congreso y la relación de fuerzas con el Poder Ejecutivo.
En una sesión especial solicitada por la oposición, se abordarán los vetos del presidente Javier Milei a leyes que habían logrado amplio respaldo parlamentario, entre ellas la emergencia en discapacidad y una mejora de haberes para jubilados que contemplaba un bono extraordinario.
El oficialismo justificó estas decisiones bajo el argumento de que las medidas aprobadas resultaban incompatibles con los compromisos fiscales y que ponían en riesgo el equilibrio presupuestario. Desde la Casa Rosada sostienen que la responsabilidad del Gobierno exige evitar gastos que consideran inviables en el actual contexto económico. Sin embargo, para la oposición la decisión presidencial representa un gesto de insensibilidad frente a sectores particularmente vulnerables de la sociedad.
El debate en torno a la ley de emergencia en discapacidad tiene un fuerte componente simbólico. Organizaciones sociales, colectivos de personas con discapacidad y familiares vienen reclamando que el Estado brinde una respuesta concreta a problemas estructurales de acceso a la salud, la educación y el transporte. La oposición buscará poner el tema en el centro de la discusión, señalando que el veto constituye un retroceso en materia de derechos.
Algo similar ocurre con la cuestión jubilatoria. Para los bloques opositores, vetar la mejora en los haberes y el bono extraordinario equivale a desconocer las urgencias de millones de adultos mayores. Desde el oficialismo, en cambio, insisten en que se trataba de una medida demagógica y que el Estado no cuenta con los recursos para sostenerla sin afectar el rumbo económico.
La sesión, no obstante, incluirá otros puntos de gran relevancia. Los gobernadores lograron que se incorporen proyectos que modifican la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional y del impuesto a los combustibles líquidos, cuestiones que impactan directamente en la caja de las provincias. También se pondrá a votación la reactivación de la comisión investigadora del caso conocido como “$LIBRA”, un expediente que había quedado trabado en el Congreso, y se debatirá además una propuesta de modificación al régimen penal tributario en materia de evasión.
El primer escollo será lograr el quórum. La oposición necesita sentar a 129 diputados para habilitar el debate y confía en que los acuerdos alcanzados con bloques provinciales permitirán abrir la sesión sin contratiempos. Sin embargo, la experiencia indica que la asistencia suele ser la primera herramienta de presión política, y no se descarta que el oficialismo intente trabar el inicio apelando a la ausencia o a negociaciones de último momento.
Una vez en marcha, el desafío será mayor: revertir los vetos requiere el voto afirmativo de los dos tercios de los presentes. Es un número difícil de reunir, y el oficialismo confía en que allí radica su principal ventaja. Aun en minoría, el bloque libertario sostiene que mientras mantenga cohesionada a su tropa y logre sumar a algunos aliados circunstanciales, la oposición no podrá alcanzar la mayoría calificada.
El trasfondo político es inevitable. La sesión se da en un clima de tensión creciente entre el Ejecutivo y el Legislativo, a semanas de un nuevo calendario electoral que ya condiciona la estrategia de cada fuerza. La oposición pretende exhibir a Milei como un presidente que gobierna de espaldas a las necesidades sociales, mientras que el oficialismo buscará mostrarlos como responsables de iniciativas inviables que ponen en jaque la estabilidad económica.
En ese cruce de narrativas, lo que está en juego es más que el destino de leyes puntuales. La jornada servirá como un termómetro para medir la capacidad de articulación de la oposición, la disciplina del bloque oficialista y, sobre todo, el grado de independencia que el Congreso está dispuesto a ejercer frente al Poder Ejecutivo. El resultado, más allá de los números de la votación, marcará un punto de inflexión en el pulso institucional de este año político.