La Cámara de Diputados dio dictamen hoy al proyecto que crea un nuevo régimen penal juvenil en el marco del plenario de comisiones. En el medio del debate, la diputada platense Victoria Tolosa Paz rechazó la iniciativa oficialista y ahondó sobre el caso de Kim Gómez en La Plata, a casi un año de su muerte.
La legisladora de Unión por la Patria fue una de las primeras en tomar el micrófono y cargar contra el nuevo Régimen Penal Juvenil, sobre el que advirtió por la “falta de seriedad” en el debate parlamentario y las maniobras del Ejecutivo para cambiar la iniciativa en un puñado de horas, tras subir el piso de 13 a 14 años por pedido de bloques aliados y aplicar cambios sobre el financiamiento de las reformas.
“El Gobierno cambió edad y penas, pero no puso la plata. Es descabellado pretender aplicar este régimen con $23 mil millones, sin transferencias a las provincias, que son las que deberán hacerse cargo. Así, los gobernadores quedan solos, sin recursos ni estructura”, cuestionó y resaltó que los Centros Especializados Socioeducativos que propone crear el Ejecutivo “no son más que cárceles para niños”.
El caso Kim Gómez en el debate
En medio del debate en el que rechazó la propuesta oficialista y pidió que la oposición avance con el dictamen elaborado por su bloque , Tolosa Paz llevó a la Cámara baja el caso de Kim Gómez en La Plata. "Vengo de una ciudad donde se va a cumplir un año del homicidio de Kim Gómez. Tengo que convivir con el dolor de Marcos, su padre, y de su familia. Tengo que buscar respuestas desde la política con la convicción de que en 45 años no hemos podido mejorar un régimen vetusto, inconstitucional y que atrasa 100 años. No puede ser reemplazado por algo que va más a la derecha que lo que fue el proceso de la dictadura militar”, afirmó.
Además, defendió la postura de su bloque y reclamó un dictamen propio “basado en normas constitucionales y fijando los principios básicos”, al tiempo que rechazó una mirada centrada exclusivamente en el castigo. “Me niego a que no nos hagamos cargo de la no punibilidad y de lo que ustedes no van a resolver porque tienen una fijación con la pena sin importar las condiciones ni la edad”, apuntó.
El dictamen de UP propone un régimen especializado, no punibilidad, justicia restaurativa y una pena máxima de 10 años, en línea con la Constitución y los estándares internacionales, según destacaron.
“El 99,9% de los delitos los cometen adultos que tienen que estar presos y ser culpables. Niños y adolescentes, incluso cuando cometen hechos gravísimos y angustiantes, siguen siendo para nosotros niños”, concluyó.
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