El Gobierno oficializó este martes la baja de siete mil empleados públicos que fueron contratados este año por la administración de Alberto Fernández. además, el Ejecutivo revisará la situación de los trabajadores del Estado que están en funciones desde antes de esa fecha.
A través del Decreto 84/2023 que lleva la firma de Javier Milei, se estableció que “las contrataciones de personas que hayan iniciado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 24.156, no serán renovadas”.
Esta medida abarca a los empleados transitorios “y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023″, de toda la administración nacional y de los entes públicos. Es decir, incluye a la ANSeS, el PAMI y la AFIP.
Según explicaron desde Casa Rosada, la medida excluye a trabajadores de planta permanente y a las contrataciones derivadas de “cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales”. Además, no afecta al personal que “haya estado prestando tareas con fecha previa al 1 de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad”.
No obstante, se permitirá la renovación de aquel “que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento” de la misma, aunque “de manera restrictiva y de manera fundada que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento”.
Por otro lado, el DNU señala que las autoridades de cada área del Estado Nacional deberán realizar “un relevamiento exhaustivo” de los empleados “cuya fecha de ingreso a la administración sea previa al 1 de enero de 2023, con el fin de evaluar” su continuidad.
Si se opta por renovar la contratación, se “deberá fundar la decisión, demostrando la necesidad” de mantener a ese trabajador, cuyo vínculo laboral no podrá extenderse “por un periodo mayor a noventa (90) días corridos”.