El diputado provincial Christian Castillo (PTS-Frente de Izquierda) presentó una iniciativa para crear una pensión graciable de carácter reparatorio, vitalicia y mensual para los afectados por la aplicación de fentanilo contaminado en establecimientos de salud públicos o privados en la provincia de Buenos Aires.
Si la iniciativa tiene un paso positivo por ambos recintos las personas que hubieren sufrido daños graves, secuelas permanentes o un menoscabo relevante en su salud como consecuencia del suministro referido, pordrán recibir la pensión, que pasará a sus herederos (cónyuge, conviviente, hijos o padres con dependencia económica del beneficiario, en caso de fallecimiento de este último.
Los requisitos para acceder a la pensión
La procedencia del beneficio deberá acreditarse mediante historia clínica, constancias médicas, certificados de defunción, actuaciones judiciales o administrativas, informes de autoridad sanitaria, documentación emanada de establecimientos asistenciales, o cualquier otro medio probatorio idóneo que permita establecer, con criterio de razonable verosimilitud, la vinculación entre el daño invocado y el suministro del medicamento alcanzado por la ley.
El monto mensual de la pensión graciable será móvil y el equivalente al 100% del salario de bolsillo de una categoría ingresante (categoría 5) del agrupamiento administrativo de la ley 10.430 con régimen de 40 horas semanales, más la bonificación del 125% que perciben de manera permanente y habitual los trabajadores de la Administración Central, con arreglo a las variaciones que se produzcan en los conceptos salariales que determine la reglamentación.
Finalmente, la letra del proyecto del diputado Cristian Castillo establece que el beneficio será compatible con indemnizaciones judiciales, acuerdos transaccionales, coberturas de salud y prestaciones derivadas de seguros. Y a sus vez, será incompatible con otra pensión graciable otorgada por la provincia de Buenos Aires por los mismos hechos y por la misma causa.
En los consioderandos del proyecto, Castillo indica que la iniciativa "se funda en la necesidad de dar una respuesta urgente y concreta frente a un crimen social de enorme magnitud, que produjo muertes evitables por responsabilidad estatal y empresarial, secuelas graves y un profundo daño social sobre pacientes y familias".
El fentanilo y la responsabilidad compartida entre el Estado y los empresarios
Finalmente, el legislador de la izquierda sostuvo que "en lo que respecta a las responsabilidades, los hechos expuestos muestran una convergencia entre responsabilidad empresarial y responsabilidad estatal. Como responsables directos de la elaboración y circulación del producto contaminado aparecen HLB Pharma Group y el Laboratorio Ramallo, y se identifica como figura central de esa estructura empresarial a Ariel García Furfaro, propietario de ambas firmas. La propia evolución de la causa judicial incluyó medidas sobre directivos, personal vinculado a esas empresas y otras firmas alcanzadas por la investigación".