Dictaron la prisión preventiva a los empleados del Senado bonaerense acusados de abuso sexual

La Justicia Penal de La Plata dictó la prisión preventiva para Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, los empleados del Senado bonaerense, acusados de liderar una presunta secta sexual, causa por la cual fueron imputados por múltiples casos de abuso sexual en perjuicio de empleadas legislativas y militantes de su mismo espacio político.

El pedido, como informó El Editor Platense, fue formulado por la fiscal Betina Lacki, dirigido ante el juez de Garantías Juan Pablo Masi, quien resolvió mantener en prisión a los acusados. Vale recordar que la fiscal sostuvo que la pena en expectativa podría alcanzar hasta 15 años de prisión, y advirtió sobre el peligro de fuga y el riesgo de entorpecimiento de la investigación.

En ese sentido, señaló que los imputados habrían acosado a las víctimas e interferido en la causa, lo que torna necesaria la prisión preventiva para resguardar a las denunciantes. Cabe mencionar que Rodríguez y Silva Muñóz están imputados por abuso sexual con acceso carnal agravado, privación ilegal de la libertad y violación de domicilio, con al menos nueve hechos documentados.

Además, la Fiscal dispuso la acumulación de las denuncias radicadas en la UFI N°2, aunque esa unificación aún debe resolverse formalmente entre los juzgados intervinientes.

La Justicia busca que la ministra de Mujeres dé explicaciones

La fiscal Betina Lacki no solo pidió la prisión preventiva de Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, sino que además solicitó que la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, dé explicaciones ante la Justicia por el conocimiento previo de las denuncias.

El pedido se apoya en declaraciones públicas de Estela Díaz. En una entrevista, reconoció que las acusaciones contra Rodríguez y Silva Muñoz “circulaban como rumor” incluso antes de su asunción en el cargo, en 2019. “Es muy delicado decidir qué actuación se toma cuando hay rumores y no hay causas que avancen”, sostuvo.

Tras la repercusión de esas palabras, la ministra emitió un comunicado y publicó un descargo en redes sociales en el que negó haber tenido conocimiento concreto de los hechos y aseguró que, cuando su cartera tomó intervención, se actuó de manera inmediata para asistir a las denunciantes. Sin embargo, para la fiscalía esas explicaciones no resultan suficientes y deben ser evaluadas en sede judicial.