¿Quién dijo que el robo era con armas? En la provincia de Buenos Aires, bastó con una pila de tarjetas de débito, cajeros automáticos y un puñado de funcionarios que manejaban el Estado como si fuera su billetera personal. El escándalo es de dimensiones inéditas y se calcula que el perjuicio al erario público supera los 800 millones de pesos. Pero no estamos hablando de fantasmas ni especulaciones. Hay nombres, cargos, fechas, capturas de chats y hasta videos. La causa fue elevada a juicio, y este 2025 -año electoral- promete ser caliente no solo en las urnas.
Todo comenzó por una torpeza: un hombre llamado Julio Segundo Rigau, a quien todos conocían como “Chocolate”, fue detenido en septiembre de 2023 en un cajero automático. Tenía encima 49 tarjetas de débito y más de un millón de pesos en efectivo. No era la primera vez que lo hacía, ya que las cámaras lo mostraban repitiendo la rutina durante días. La Policía lo detuvo en el acto y secuestró también un cuaderno con anotaciones, tickets, y hasta un celular que se convirtió en el hilo del que tiró toda la investigación.
Rigau no actuaba solo. Era, en realidad, el brazo ejecutor de una maquinaria aceitada y sostenida desde adentro del poder legislativo bonaerense. Según el requerimiento de elevación a juicio al que accedió El Editor Platense y que tiene más de 450 fojas, detrás del operativo estaba nada menos que Claudio Gustavo Albini, subdirector de Personal de la Cámara de Diputados provincial. A Albini lo señalan como el jefe de una asociación ilícita, montada para contratar gente que nunca trabajaba, pero que cobraba un sueldo. El dinero de esos sueldos iba directo a sus bolsillos a través de las extracciones que hacía Rigau.
El esquema era tan simple como perverso. Se firmaban contratos falsos, las personas contratadas, que muchas veces no sabían del todo qué firmaban, entregaban sus tarjetas de débito, que luego quedaban en manos de “Chocolate”. Este se encargaba de hacer los retiros en los cajeros, anotar todo en su cuaderno y "rendir" el dinero a su jefe. Así funcionó la maniobra durante más de una década.
¿Quiénes son los Albini y quiénes los protegen?
A esta altura, es imposible no mirar al color político de la Legislatura, al partido que tenía la mayoría en la Cámara, y a los lazos familiares y de poder que tejió Albini durante años. Porque si algo queda claro en el expediente judicial, es que esto no fue una jugada aislada de un par de vivos, fue una estructura organizada, jerárquica, con roles bien definidos.
En ese entramado de poder, Facundo Mario Albini, su hijo, tenía un rol clave. Cuando estalló el escándalo, era concejal en La Plata, cargo para el que fue reelecto en las elecciones de 2023. Iba tercero en la lista que encabezaba Julio Alak, actual intendente platense y exministro de Justicia de Axel Kicillof.
En el Concejo Deliberante, Facundo presidía una de las comisiones más importantes y era conocido en la región como uno de los “armadores” más activos del massismo, con fuerte alineamiento con Sergio Massa. En los chats peritados del celular de Rigau, aparece no solo como interlocutor frecuente, sino como figura de poder. Le daba órdenes, lo apuraba y reclamaba cuentas. Lo trataba como a un subordinado, y Rigau lo sabía.
Pero no estaba solo. También aparece involucrada la exesposa de Claudio Albini, Rosana Delgado, y hasta la suegra de Facundo, Perla De Micheli. Un verdadero clan familiar, cobrando sueldos estatales sin trabajar, tercerizando el desfalco más escandaloso de la historia de la legislatura bonaerense.
Y esto no termina ahí. Tras el peritaje del teléfono de Rigau, los fiscales encontraron un entramado increíble de chats, audios y capturas de pantalla. Hay menciones a “la nena que necesita cobrar”, “la mamá que pide por PAMI”, y hasta a un tal “Chispa”, que sería uno de los intermediarios con los sectores más pesados del poder. Todo, siempre, con plata del Estado y desde la Cámara de Diputados. ¿El motivo? Algunos contratados accedían a beneficios sociales como IOMA, una propina mensual, o simplemente cumplían por favores personales o políticos.
El caso es tan escandaloso que ni siquiera la investigación interna de la Cámara de Diputados logró maquillar lo evidente. Por el contrario, los fallos judiciales aseguran que esa auditoría no hizo más que confirmar la precariedad del sistema. Citaciones sin firmas, testigos que declaraban desde el extranjero mientras "trabajaban" en La Plata, y un manto de impunidad institucionalizada.
La fiscal Betina Lacki y el juez Guillermo Atencio confirmaron que existen elementos más que suficientes para llevar la causa a juicio. Una larga lista de imputados (más de treinta personas, entre ellas familiares, amigos, empleados truchos y facilitadores) deberán responder ante la Justicia.
Los tres principales acusados, Claudio Albini, su hijo Facundo y Julio Rigau, están imputados por asociación ilícita -en el caso de Claudio, como jefe- y por fraude reiterado en perjuicio de la administración pública. A su vez, otros miembros de la red, incluidos familiares como Rosana Delgado (exesposa de Claudio) y Perla De Micheli (suegra de Facundo), están imputadas por fraude reiterado.
La mayoría de los contratados, cuyo único rol fue entregar sus tarjetas y cobrar sin trabajar, también fueron procesados por fraude. Sin embargo, el juez Atencio resolvió sobreseer parcialmente a varios de ellos del delito de asociación ilícita, al considerar que no todos actuaron con conocimiento pleno de la estructura delictiva, aunque sí participaron en la maniobra. En resumen: la asociación ilícita se limita a los organizadores y recaudadores, pero el fraude es colectivo.
Lo que no está claro, o al menos no se ha podido probar del todo, es quién se quedó finalmente con la plata. Porque si bien Claudio Albini es señalado como el jefe y último destinatario, la fiscalía sospecha que había alguien más arriba. El celular de Rigau deja entrever contactos con lo que algunos llaman la “superestructura” y por eso se presume que esto podría escalar aún más.
Mientras la Justicia dio por cerrada la investigación, Claudio Albini tuvo que ser internado en el Hospital San Juan de Dios por un cuadro de anemia severa. En tanto, la Justicia debe resolver si vuelve a la cárcel de Olmos, donde estaba detenido, o si podrá esperar el juicio en su casa con prisión domiciliaria. El fallo de la Sala de Casación será clave.
Pero todo esto ocurre mientras Buenos Aires entra en su año electoral, con bancas en juego en la Legislatura, y con un sistema político que todavía no da explicaciones públicas sobre cómo fue posible semejante desfalco durante más de diez años. El silencio aturde. Ni desde el oficialismo ni desde la oposición hubo voces que pidieran explicaciones claras. No se sabe si por miedo, por complicidad, o simplemente porque son parte del sistema. En ese sentido, ya se abrió otra línea de investigación en el Senado bonaerense y otro en la exintendencia de Julio Garro en La Plata, donde habría funcionado un sistema similar, una causa que está en plena etapa de instrucción.
En el mientras tanto, más de 800 millones de pesos salieron del bolsillo de los bonaerenses. Esa habría sido la cifra descomunal que se habrían robado del erario público y que no se sabe dónde terminó. Lo que sí se sabe es que hubo obra social, aguinaldo y sueldos para decenas de ñoquis deluxe que nunca pisaron un escritorio.
