Abuelas de Plaza de Mayo denunció que no se están enviando los kits de ADN a las embajadas. "Milei está siendo cómplice de un delito", advierten desde DDHH
El gobierno de Javier Milei sigue con el desfinanciamiento en materia de Derechos Humanos
Es claro que la relación del Gobierno nacional con los organismos de Derechos Humanos es casi nula. Sin embargo, la decisión de Javier Milei de dejar de enviar los kits de ADN a las Embajadas, atravesó otro límite de lo impensado.
Desde Abuelas de Plaza de Mayo solicitaron "a las autoridades, en particular a la Cancillería Argentina, que arbitren los medios necesarios para resolver prontamente este tema". Cabe señalar que los kits se utilizan para que se puedan tomar muestras de sangre a personas que dudan de su identidad y podrían ser nietos de desaparecidos.
"Esperamos que, con la asunción del nuevo Subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Leandro Zuchet, se regularice esta situación y tantas otras que dificultan las tareas de búsqueda y de garantía del derecho a la identidad. Así como hace dos décadas que funciona el mecanismo de la prueba de ADN en sede consular –nuestros nietos pueden estar en cualquier parte, tal cual se ha comprobado en varios casos–, muchas otras políticas y dispositivos han sido desmanteladas", advirtieron.
En una publicación en su web, Abuelas señala: "Necesitamos que la búsqueda de nuestros nietos, todos ellos desaparecidos por el terrorismo de Estado, se reactive, y que el Gobierno deje de poner obstáculos. Debemos subrayar, una vez más, que el delito de apropiación sólo cesa cuando la víctima y su familia conocen la verdad. Alrededor de 300 personas continúan viviendo con un nombre falso, sin saber su origen, mientras sus familias legítimas los buscan desde hace más de cuatro décadas".
La Directora de Sitios y Espacios de Memoria de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Lorena Battistiol habló con El Editor Platense y en ese marco apuntó: "Quienes hicieron público en este caso de la situación, fueron los nodos de la Red Internacional para el Derecho a la Identidad. Abuelas tiene nodos en distintas partes países de Europa y también en Canadá. Entonces ellos son los que difunden y comparten justamente el trabajo de Abuelas y son hoy en día referentes tanto en España, como en Francia, como en Italia, como en Alemania, referentes de la búsqueda".
"Cualquier persona que tenga una duda sobre su identidad, se acerca al nodo y el nodo lo que hace para resolver esa situación, si es que la persona no puede viajar a Argentina, es hacer la solicitud de un kit de ADN que se envía vía Cancillería. Ese kit llega a la embajada, ahí el referente del nodo convoca a la persona con dudas y se hace una extracción. Y ese material, ese material genético, se vuelve a enviar de manera oficial. Viene esa muestra del Banco Nacional de Datos Genéticos, y desde ahí es que se analiza y se le puede dar un resultado positivo o negativo a la persona que dejó su muestra", explicó.
Battistiol indicó entonces que "hay otro sistema que tiene que ver con un caso judicializado, o sea que la Justicia ya esté interviniendo y en esa situación hace el mismo procedimiento a través de Cancillería. Pero hoy en día eso sí está funcionando porque obviamente que interviene la Justicia y todo se hace mediante oficio judicial. Lo que desde la Red Internacional están denunciando y que Abuelas hizo público, es que el Estado nacional no está enviando los kits, cuando son estas situaciones, que no es una cuestión muy masiva".
"Hay muchos argentinos que viven en el exterior, pero de ese componente vos tenés que extraer los que están dentro del rango, y a su vez que puedan llegar a tener cierta duda. Entonces, no estamos hablando de una multitudinaria cantidad de personas, pero aún así el gobierno nacional está frenando el envío de esos kits, lo que provoca una vez más, junto al desfinanciamiento de la institución de Abuelas de Plaza de Mayo, junto al cierre de la Unidad Especial de Investigación dentro de la Comisión Nacional para el Derecho y la Identidad, frente a el desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, para que pueda realizar la cantidad de análisis mensuales que venía realizando en otros tiempos. Esto se suma a toda una situación que va degradando, dando cada vez más la búsqueda y que impide que familias que buscamos podamos resolver nuestra historia, nuestra situación", puntualizó.
En esa misma línea y para finalizar Battistiol sentenció: "Alguien que toma la decisión de manera voluntaria de saber, de conocer sus orígenes, también le están prohibiendo esa posibilidad, lo cual, como lo venimos diciendo ya desde hace un tiempo, que este Gobierno reivindica cada uno de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el Terrorismo de Estado en este caso también está siendo cómplice de un delito, que es el delito de apropiación de menores, que aún también está considerado un delito de lesa humanidad y que se sigue cometiendo y se sigue cometiendo también a una nueva generación, que es la de los hijos e hijas de esos posibles nietos y nietas de las Abuelas de Plaza de Mayo".
Lorena Battistiol es hija de Egidio Battistiol y de Juana M. Colayago, ambos militantes de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), secuestrados el 31 de agosto de 1977 en el domicilio familiar. Al momento de su desaparición la mamá de Lorena estaba embarazada de 6 meses. Lorena busca a un hermano/a que debió haber nacido en cautiverio a fines de noviembre o principios de diciembre de 1977.
Desde que asumió Javier Milei la presidencia acompañado por Victoria Villaruel, la política y el discurso sobre Derechos Humanos y los organismos como Abuelas de Plaza Mayo y Madres de Plaza de Mayo fue (y es) de confrontación y provocación permanente.
Desde lo verbal, la postura oficial del Gobierno de Javier Milei sobre la última dictadura es negar que hubo 30.000 desaparecidos —la cifra simbólica que sostienen los organismos de derechos humanos— y poner en plano de igualdad el terrorismo de Estado con la violencia perpetrada por las guerrillas. En ese marco, el Gobierno pide una “memoria completa” que niega la existencia de un plan sistemático de represión ilegal, tal y como reconoce desde 1985 el fallo del tribunal del Juicio a las Juntas y han confirmado decenas de fallos posteriores.
El video del 24 de marzo de 2024, fue realizado por el equipo del documentalista personal de Milei, Santiago Oría, y participaron el periodista y ex secretario de Inteligencia de Estado durante el periodo 1989-1990, Juan Bautista “Tata” Yofre, el ex guerrillero, detenido y exiliado en 1973, Luis Labraña y la hija del capitán Humberto Viola, María Fernanda.
Este año, la filmación hizo hincapié en la supuesta decisión del kirchnerismo de silenciar a víctimas que no se ajustaban a su relato y en la grabación difunde el testimonio de dos de ellas: el de Miriam Fernández, hija de los militantes montoneros desaparecidos María del Carmen Moyano y Carlos Poblete, que conoció su verdadera identidad en 2017, a los 40 años; y el de Arturo Larrabure, hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure que fue secuestrado y asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1975.
En el 2024 y a través de un decreto, el Ejecutivo cerró la Unidad especial de investigación de la desaparición de niños como consecuencias del accionar del terrorismo de Estado (UEI), dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y que fue el principal organismo en derivar denuncias a la Justicia. Según sus miembros, en los últimos tres años originó alrededor del 60% de los casos que ha tramitado el Poder Judicial.
La UEI, creada en 2004 durante el Gobierno de Néstor Kirchner, agilizaba la búsqueda porque se dedicaba a investigar específicamente las denuncias que llegan a la Conadi sobre niños o niñas que hayan sido apropiados durante la dictadura —hoy hombres y mujeres—. La unidad asistía a jueces y fiscales en casos de posible sustitución de identidad, para evitar que se abrieran causas improcedentes.
Según confirmó Chequeado.com en las partidas del Presupuesto 2026 para actividades y organismos relacionados con las políticas de derechos humanos, encontró que sólo 2 actividades y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) q8e tiene partidas asignadas. Sin embargo, incluso en esos casos perdieron entre 12% y 65% contra la inflación, con respecto a los gastos realizados en 2023.
La Muestra Permanente Museo Sitio de Memoria ESMA no tiene fondos previstos para el 2026, tal como sucedió el año pasado (en 2023, había recibido $ 29 millones y en 2024, $ 10,4 millones), según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto.
Tampoco está contemplado en el presupuesto 2026 la actividad de Procesos Judiciales contra delitos de lesa humanidad ni el de puesta en valor de Sitios y Espacios de Memoria y tampoco para la de custodia del Archivo Nacional de la Memoria.
La actividad Procesos Judiciales contra Delitos de Lesa Humanidad, que dependía del Ministerio de Justicia, consistía en la investigación, registro y juzgamiento de crímenes de terrorismo de Estado cometidos entre 1976 y 1983. En 2023 tuvo un presupuesto de $44,6 millones, y aunque en 2024 tenía el mismo presupuesto, sólo se utilizaron $16,6 millones (una caída real del 88,4% interanual). Ya en 2025 esta actividad no tenía presupuesto asignado, y tampoco lo tiene para 2026.
La actividad Puesta en Valor de Sitios y Espacios de Memoria, que transformó ex centros clandestinos de detención en lugares de memoria, verdad y justicia, contó en el último año de gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos) con $ 19,4 millones. En 2024 el presupuesto era el mismo, pero sólo se utilizaron $ 4,8 millones. Para 2025 había presupuesto asignado, pero no se utilizó nada. Para 2026 no se presupuestaron fondos.
En tanto, la actividad Custodia del Archivo Nacional de la Memoria, abocada a la preservación, organización y protección del patrimonio documental sobre las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, se quedó sin presupuesto asignado en 2026. Mientras que, entre 2023-2025, los fondos se habían reducido un 30%.
Dos actividades y un organismo de Derechos Humanos tienen asignado presupuesto para este 2026: el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y Promoción Internacional de los Derechos Humanos.
El primero tiene un presupuesto asignado de $ 2.470 millones para 2026, lo que implica un avance de 0,9% real con respecto a un año antes. Sin embargo, con respecto a 2023, bajó un 55%.
La Promoción y Defensa de los Derechos Humanos registró una suba real del 58,40% del presupuesto para este año, pero desde el inicio de la gestión de Javier Milei (LLA) cayó un 12,2%. En tanto, el presupuesto para Promoción Internacional de los Derechos Humanos, registró un alza del 20% para 2026 pero -comparado con 2023- bajó un 65,6%.