El Astillero Río Santiago (ARS) atraviesa un conflicto interno a raíz de la denuncia de una polémica maniobra de los dirigentes gremiales para subir de categoría, mientras los trabajadores exigen recategorizaciones sin obtener respuestas. Tras asambleas, los obreros exigen la renuncia de miembros de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Ensenada y de parte de la cúpula gerencial.
Pese a los dichos del gobierno de Axel Kicillof por mantener la estructura y apostar a una posible reactivación productiva, lo que sucede en realidad es una parálisis operativa y escaso retorno económico. Lo cierto es que, tanto el presupuesto para el ARS, como la cuestión de los sueldos vienen a la baja desde 2019 cuando asumió Axel Kicillof como gobernador. Es por esto que se dispuso una movilización a la Gobernación en reclamo de salario y trabajo.
De este modo, el reclamo de los trabajadores surge a partir de la reciente asignación de categorías de “personal superior” -con sueldos que superarían los $4.000.000- a miembros de la comisión administrativa del gremio, entre ellos Lorena Benaglia y Diego Seimandi, quienes se encuentran actualmente desempeñando funciones sindicales y no tareas operativas en el astillero.
Según denuncian, estas promociones habrían contado con el aval del gerente general del ARS, Gonzalo Ibendahl, mientras numerosos operarios de producción continúan a la espera de sus recategorizaciones. “Es un caso de corrupción interna”, remarcan los operarios consultados sobre la situación y exigen que los beneficiarios devuelvan las categorías obtenidas y renuncien a sus cargos sindicales.
En distintos sectores del astillero comenzaron a multiplicarse las asambleas y mandatos que reclaman explicaciones, responsabilidades y medidas concretas para garantizar la transparencia sindical. Dentro del área Soldadura, los operarios reclamaron “la priorización de las categorías para dirigentes gremiales en detrimento del personal de producción” y reclamaron la reapertura de paritarias, la discusión salarial en asamblea y la restitución del criterio de tres años de antigüedad entre categorías. El área de Gradas planteó el mismo escenario y coincidieron en que, de no obtener una respuesta, todos los sectores del ARS confluirán en una sola manifestación y medida de fuerza.
Implosión en la Asamblea del ARS
La Asamblea General convocada para comienzos de semana parecía ser la oportunidad de tender puentes y reorganizar la disputa gremial entre la base de los trabajadores y la conducción de ATE Ensenada. Sin embargo, el desenlace fue totalmente opuesto. Los trabajadores señalaron que los temas centrales que motivaron la convocatoria no fueron tratados, entre ellos el reclamo por transparencia en el manejo de los fondos y la denuncia de supuestos privilegios dentro de la estructura sindical y la empresa.
Entre los planteos más repetidos estuvieron las quejas por el manejo del comedor y los recursos internos. Varios asistentes denunciaron que las condiciones del servicio contrastan con los montos que se mencionan en la administración. “Nos dan un sándwich de fiambre y una naranja, mientras se habla de millones en caja”, expresó un operario del sector Gradas. También se apuntó contra lo que los trabajadores llaman una “doble vara” en la asignación de ascensos y beneficios, al señalar que ciertos afiliados gozan de privilegios mientras otros esperan recategorizaciones desde hace años.
El cuestionamiento al ausentismo fue otro de los puntos que generó indignación. Varios empleados acusaron a la conducción de tolerar casos de personal que “no asiste a trabajar hace años” sin recibir sanciones, mientras al resto “se le descuenta el día por llegar una hora tarde”. “Acá hay una doble vara, y la paciencia se agotó”, exclamó un operario del sector productivo, que consideró que el manejo de las categorías laborales “es una muestra más de la impunidad con la que se mueven algunos dirigentes”.
Durante la asamblea también se multiplicaron las denuncias por el ingreso de nuevos trabajadores presuntamente vinculados al gremio, a pesar de la situación financiera crítica del astillero. “Si no hay plata, ¿por qué siguen entrando familiares y allegados del sindicato?”, se preguntaron varios asistentes. El descontento llevó incluso a que un grupo de afiliados planteara la posibilidad de desafiliarse de ATE Ensenada y exigiera la apertura de una investigación sobre el uso de fondos y los ingresos de los dirigentes.
En paralelo, la conducción de Francisco Banegas presentó su propia agenda gremial, que incluyó una movilización a la Casa de Gobierno, el repudio a las políticas del presidente Javier Milei, un pedido de recomposición salarial y la solicitud de renuncia del gerente general del astillero, Gonzalo Ibendahl. Sin embargo, buena parte de la base consideró que esas propuestas no respondían a los reclamos que motivaron la convocatoria. “Usaron la asamblea para hablar de política y no de lo que pasa acá adentro”, expresó un delegado del sector Soldadura.
La situación del Astillero Río Santiago
Hace poco más de dos meses, renunció el presidente del ARS, Pedro Wasiejko, y, hasta el momento, el puesto sigue vacante. El mismo estuvo al frente del Astillero durante más de cuatro años y, durante su paso, encabezó momentos importantes, como la histórica botadura de la LICA ARA Ciudad de Ensenada, tras casi una década sin actividad de ese tipo. Luego se sumó la LICA ARA Ciudad de Berisso, reforzando el rol estratégico del Astillero.
Más allá de los avances, en los últimos meses en el Astillero fueron tensos debido a los cuestionamientos por parte de los sindicalistas más vinculados al Frente de Izquierda. En junio, incluso, pidieron su renuncia en medio de fuertes protestas y marchas multitudinarias por el centro platense, con reclamos de mejoras salariales y condiciones laborales.
A esto se le suma el proyecto que fue presentado en las últimas semanas en la Cámara de Diputados bonaerense, en el cual, el legislador de La Libertad Avanza, Guillermo Castello, busca iniciar el proceso de privatización del ARS. La iniciativa establece que la venta de la empresa incluirá todos sus bienes, acciones y derechos, y que los trabajadores podrán participar del proceso de privatización mediante compensaciones o aportes que definirá la autoridad de aplicación. Además, aclara que los funcionarios de los tres poderes del Estado provincial y el personal jerárquico del Astillero Río Santiago no podrán intervenir, de manera directa o indirecta, en la compra de ninguna parte de la compañía, con el fin de evitar conflictos de intereses.
“Presentamos proyecto para privatizar el Astillero Río Santiago, un monstruo estatal con 3.000 empleados que nos cuesta miles de millones y que hace 20 años que no hace un barco. Proponemos a los empleados quedarse con la empresa. El Estado empresario siempre termina en corrupción”, escribió el legislador en su cuenta de X.
La iniciativa también apunta contra lo que considera una utilización político-sindical del astillero. El legislador denuncia la existencia de empleados fantasmas, jubilaciones irregulares y bonos por productividad en una planta que, asegura, no ha finalizado una embarcación en más de diez años.
En este escenario, el Astillero Río Santiago se encuentra atravesando momentos de malestar interno en concordancia a las denuncias por privilegios sindicales y el debate político sobre su futuro. Mientras los trabajadores reclaman transparencia y condiciones laborales equitativas, la falta de conducción definida y el avance de proyectos que promueven su privatización profundizan la incertidumbre sobre el rumbo de una de las empresas estatales más emblemáticas de la Provincia.