Radiografía del colapso silencioso en los Juzgados de Familia bonaerenses
El relevamiento, realizado a partir de estadísticas oficiales de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, repasa el período 2010–2024
27 de noviembre de 2025 - 12:03
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Alerta en los Juzgados de Familia de la Provincia
El sistema de Justicia de Familia en la provincia de Buenos Aires atraviesa un momento límite. La sobrecarga de trabajo, el crecimiento explosivo de causas y la falta de personal y recursos vienen configurando, desde hace más de una década, un escenario que amenaza la calidad de atención a personas en situaciones de extrema vulnerabilidad. Un reciente informe elaborado por el Centro de Investigación y Formación de la Asociación Judicial Bonaerense (CIyF-AJB) permite dimensionar la profundidad del problema: mientras los expedientes se multiplican en proporciones inéditas, el crecimiento de la planta de personal y la habilitación de nuevos juzgados avanzan a un ritmo muy por debajo de la demanda.
El relevamiento, realizado a partir de estadísticas oficiales de la Suprema Corte bonaerense, repasa el período 2010–2024 y muestra que el fuero de Familia –encargado de intervenir en casos de violencia, alimentos, cuidado parental, niñez, género y salud, entre otros– está funcionando con un nivel de exigencia que supera ampliamente su capacidad real de respuesta. La expansión demográfica, los cambios sociales, la multiplicación de denuncias por violencia familiar y la falta de políticas sostenidas de fortalecimiento institucional dibujan un cuadro que combina saturación, desigualdad territorial y desgaste estructural.
Un crecimiento desbordado y persistente en la provincia de Buenos Aires
Los números del informe lo muestran con crudeza. En 2024 se iniciaron 300.261 causas, cifra que representa una leve baja del 7,7% respecto a 2023 pero que continúa ubicándose muy por encima del piso histórico. Basta un dato para dimensionar la magnitud del crecimiento: en 2010 se registraban apenas 41.332 causas, lo que implica un incremento acumulado del 626% en 14 años.
Las causas totales tuvieron un movimiento ascendente hasta 2019, descendieron en 2020 y 2021 por la pandemia y luego retomaron una curva alcista que alcanzó su récord en 2022 y 2023. Aun con el retroceso del último año, el volumen continúa siendo excepcional y muy superior al promedio de la década.
El desborde no se distribuye de manera uniforme. Avellaneda–Lanús creció un 379% en diez años; Morón 297%; Florencio Varela 295%; Tigre 260%. En los últimos años, los saltos abruptos se trasladaron a otras zonas: Escobar aumentó un 90% solo entre 2023 y 2024, Pehuajó un 47%, y Moreno–General Rodríguez un 8%. Son territorios que ya arrastraban altos niveles de litigiosidad y que hoy presentan un panorama crítico.
Saturación territorial y brechas estructurales
El promedio provincial de causas por juzgado en 2024 fue de 2634 expedientes. Pero ese número dice poco cuando se lo compara con las situaciones extremas del mapa judicial. Escobar encabeza la lista con 7383 causas, casi tres veces más que el promedio. Le siguen Moreno–General Rodríguez (5353), Zárate–Campana (4478), Tigre (4114) y La Plata (3740). En estos distritos, las demoras se vuelven inevitables y la saturación se convierte en un obstáculo grave para el acceso a la Justicia.
A esto se suma otro dato clave: el promedio de causas por agente es de 112, pero en Escobar asciende a 321, es decir, un 186% por encima de la media. Zárate–Campana, Moreno–General Rodríguez y Tigre también superan ampliamente esos valores. El impacto sobre el personal es directo: sobrecarga, agotamiento y una merma progresiva en la capacidad de atención.
Personal insuficiente y desigual
El informe confirma una tendencia alarmante: la planta de personal creció un 143% desde 2010, pero muy por detrás del 626% de aumento en causas. En los últimos cinco años se incorporaron 393 personas, aunque el 72% de ellas fueron asignadas a juzgados nuevos. Solo 109 cargos reforzaron plantas ya existentes, un número insuficiente frente a la demanda acumulada.
La foto de las dotaciones muestra además retrocesos: 25 juzgados perdieron personal, otros 14 mantuvieron su dotación sin cambios y 17 magistraturas permanecen vacantes, en algunos casos sin suplencias ni subrogancias, como ocurre en sedes de La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora y San Martín. Para un fuero que requiere intervención especializada y continua, estas vacantes son un factor crítico.
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También aparece un cambio en la composición interna de las plantas: aumentaron los funcionarios y profesionales, pero se redujo el peso relativo del personal administrativo, indispensable para sostener el ritmo operativo. En términos generales, la ampliación de dotaciones no compensa la desproporción con el crecimiento de causas ni soluciona los núcleos de colapso localizados.
Violencia familiar: casi la mitad del trabajo del fuero
La violencia familiar concentra una parte sustantiva del trabajo de los juzgados. En 2024 ingresaron 133.230 causas, lo que representa un 44% del total. Si bien se observa una baja respecto de 2023, la proporción continúa siendo muy elevada en varios departamentos: Pilar llega al 68%, Escobar al 66% y Tigre al 60%.
Al igual que ocurre con el total de expedientes, la carga de casos de violencia familiar muestra picos de saturación que coinciden con zonas críticas del mapa judicial: Escobar recibió un promedio de 4892 causas, Moreno–General Rodríguez 2986, Tigre 2456, cifras que triplican o cuadruplican el promedio provincial de 1169.
Juzgados sin habilitar y recomendaciones incumplidas
A mayo de 2025 existen 114 juzgados de Familia en funcionamiento, pero hay 12 más creados por ley que aún no fueron habilitados, ubicados en áreas de alta litigiosidad como San Miguel, Tigre, Berazategui, Merlo, Saladillo, Chacabuco, Mar del Tuyú y Bahía Blanca. La demora en su apertura agrava la saturación en departamentos donde la demanda no deja de crecer.
La propia Suprema Corte provincial había advertido esta situación en la Resolución 1640/19, donde proponía la creación de 16 juzgados adicionales, nueve mediante ley y siete mediante reconversión de otros fueros. Cinco años después, la mayoría de esas recomendaciones no se concretó.
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El índice de litigiosidad, que mide la cantidad de causas por cada 100.000 habitantes, refuerza la urgencia: Pehuajó encabeza el ranking con 3566 causas, seguido por Zárate–Campana (3104), Escobar (2804) y Lincoln (2544). Son territorios donde la presión sobre los juzgados crece más rápido que la capacidad de respuesta.
Un fuero clave en jaque en la Provincia
El fuero de Familia no es uno más dentro del sistema judicial, su intervención define la protección de derechos en contextos donde el tiempo es determinante: situaciones de violencia, medidas urgentes para niñas, niños y adolescentes, conflictos parentales, alimentos, internaciones, cuidados, entre otros. La saturación no solo afecta la eficiencia administrativa: pone en riesgo la integridad de las personas que acuden a la Justicia buscando amparo inmediato.
El informe del CIyF-AJB concluye con una serie de reclamos que sintetizan el diagnóstico: habilitación inmediata de los juzgados ya creados por ley, cobertura urgente de todas las vacantes, refuerzos sostenidos de personal en juzgados existentes y una planificación estratégica que contemple nuevos organismos de acuerdo con la demanda real.
Lo que está en juego es mucho más que la estadística judicial. Es la capacidad del Estado para garantizar protección y derechos en uno de los ámbitos más sensibles de la vida social. El crecimiento de las causas, la falta de recursos y la ausencia de políticas de fortalecimiento no son problemas aislados: juntos configuran un sistema que necesita reformas profundas y urgentes para evitar que el colapso deje de ser silencioso.
