Mientras la Justicia avanza con el caso que investiga a Julio “Chocolate” Rigau por corrupción, la Legislatura bonaerense concluyó su indagación administrativa en la que determinó que no encontró faltantes de dinero ni irregularidades en los nombramientos. Esta conclusión genera controversia sobre la objetividad del proceso que comenzó a mediados de 2023.
Tras conocerse los resultados finales del proceso iniciado tras la detención de Rigau en septiembre de 2023 mientras retiraba dinero de múltiples tarjetas de débito vinculadas a supuestos empleados de la Cámara de Diputados generó controversia por la percepción de falta de profundidad e imparcialidad. El motivo central de esto es que la pesquisa administrativa fue realizada por la misma institución señalada en el caso.
El informe oficial precisa que no se encontraron evidencias que respalden las acusaciones de corrupción o desvío de fondos contra el puntero político. “En definitiva, de lo que surge de todo lo obrado no se advierte la existencia de personal en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires que haya sido contratado empleando mecanismos fraudulentos, ni que en relación a los 48 agentes sobre los cuales se han realizado un relevamiento de su situación de revista, pueda corroborarse que no hayan desempeñado sus tareas, ni que se les exigiera la entrega de parte de sus salarios”, señala el documento.
Sin embargo, la fiscal Betina Lacki amplió recientemente las imputaciones contra Rigau y sus presuntos cómplices Claudio y Facundo Albini por un perjuicio económico de más de 4 mil millones de pesos. Además, la conclusión de la Legislatura no cayó bien entre los distintos sectores políticos bonaerenses que exigen mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Ampliación de la investigación
A fines del año pasado, la fiscal Betina Lacki amplió la imputación a Rigau, el referente massista Claudio Albini y su hijo Facundo Albini, ex concejal platense, quienes son considerados los jefes de la maniobra fraudulenta.
La disposición ordenó ampliar la acusación contra los imputados a los que, hasta el momento, se les adjudicaba haber defraudado a la administración pública entre 2012 y 2023. Ahora, las fechas abarcan desde 2002 hasta 2023.
”En virtud de las constancias reunidas en autos, este Ministerio Público Fiscal realizó una ampliación respecto del alcance temporal”, informó Lacki a los procesados en esta causa y trazó un nuevo marco temporal de la investigación: “Desde el 1° de enero de 2002 hasta al menos el día 9 de septiembre de 2023″.
La decisión se da tras la detección de nombramientos desde mediados de 2002, entre los que están la primera mujer de Claudio Albini. Incluso, se conoció que más de un tercio de las tarjetas secuestradas corresponden a personas contratadas antes del 2012.