Alberto Fernández tuvo una última acción como presidente de la nación que dio que hablar. Es que días antes de abandonar su puesto, firmó un decreto el decreto 735/2, que implicaba dos modificaciones: por un lado, traspasaba la custodia de exmandatarios de la órbita del ministerio de Seguridad, a la casa Militar, que depende de la Secretaría de la Presidencia.
Por otro lado, ampliaba la jurisdicción de los cuidados más allá de las fronteras, al especificar que debía “planificar, coordinar y supervisar” la seguridad personal del presidente, vicepresidente, exmandatarios y sus familiares directos.
Según trascendidos, el pedido del decreto lo habría hecho Cristina Fernández de Kirchner, quien no quería que su seguridad quede en manos de Patricia Bullrich, a quien acusó de haber conspirado para asesinarla.
Bullrich publicó en sus redes el miércoles el informe completo que anulaba el decreto, asegurando: “¡Se terminan los privilegios de la clase política!”. Sin embargo, horas después, la ministra borró el posteo y todo quedó en la nada.
Esta tarde, el saliente mandatario salió a aclarar lo sucedido, explicando que el cambio de la dependencia en las custodias obedecía a que “es público y notorio, que la ministra de seguridad y algunos de sus dirigentes más cercanos, están sospechados de haber ejercido una persecución política en el pasado”.