Libre portación de armas: debate dormido, pero cerca de despertar

Aquellas discusiones que se daban durante la campaña electoral sobre la tenencia de armas podría volver a instalarse próximamente

El Editor Platense | Franco Lattanzio
Por Franco Lattanzio
24 de septiembre de 2024 - 11:44

La inseguridad en la República Argentina es una de las temáticas que más preocupan a los ciudadanos de los distintos puntos del país. Robos, secuestros y todo tipo de hecho vandálico se han convertido en moneda corriente en miles de localidades y la situación genera bronca, indignación y angustia en aquellos que salen todos los días a ganarse la vida trabajando.

Aún más se da un agotamiento generalizado en la sociedad al notarse que la situación no cambia y que pese a que cambien los Gobiernos y, en consecuencia, los responsables de la seguridad de las personas, la realidad sigue siendo la misma y en muchos casos hasta peor.

La ciudad de Rosario es el caso más claro y preocupante de lo que ocurre en materia de inseguridad, a tal punto de que la localidad se convirtió en el ejemplo de lo en que muchas ciudades no se quieren convertir.

Pero no hace falta viajar muchos kilómetros para poder vivir en primera persona lo que es la inseguridad, y de eso saben bien los vecinos de la ciudad de La Plata, quienes en los últimos meses se han visto agobiados por robos de todo tipo y a toda hora, hasta el punto de tener que lamentar muertes por hechos de inseguridad.

La delincuencia no conoce de zonas, por lo que en gran parte de la región los robos de autos, ruedas, quemacoches, asaltos de motochorros y entraderas son hechos que suelen escucharse a diario en la capital de la provincia de Buenos Aires.

Pero como si fuera poco, a este estado de preocupación, alerta y angustia en el que viven los vecinos, se le suma la ineficiencia de los sistemas de seguridad. 

En la última semana, en La Plata hubo al menos dos casos en los que víctimas de hechos delictivos fueron a la comisaría a denunciar lo que sufrieron y se encontraron con “falta de personal”.

“Me dijeron que vuelva a la tarde porque no tenían personal para tomarme la denuncia”, dijo un comerciante que sufrió destrozos en la fachada de su local. 

Lo mismo le ocurrió al ex concejal de Juntos por el Cambio, Julio Irurueta, que en un intento de robo fue herido de un culatazo y ni siquiera con la cara sangrando le tomaron la denuncia en la comisaría correspondiente. Y estos son solo algunos de los casos que trascendieron en los últimos días.

Ante los diversos escenarios de desconcierto y desamparo en los que se ven inmersos los ciudadanos, muchos de ellos deciden organizarse por cuenta propia, en grupos de WhatsApp, Facebook y hasta en encuentros presenciales que organizan de forma semanal o mensual para idear un plan de acción que les permita sentirse más seguros, o al menos acompañados.

De estos encuentros surgen consecuencias de todo tipo, desde pedidos que son entregados a las autoridades requiriendo mayor presencia policial, hasta en algunos casos más extremos en donde llaman a armarse para reivindicar la figura de la defensa por mano propia.

Así se empiezan a dar a conocer noticias de grupos de vecinos que linchan a delincuentes, decidiendo tomar cartas en el asunto por motus propio, lo que se empieza a convertir en moneda corriente a medida que pasa el tiempo.

Y así también es cuando empieza a colarse el debate de la libre portación de armas, uno de los temas que vino a proponer Javier Milei desde que inició su campaña que lo llevó a la presidencia a finales del 2023.

Al Gobierno le es funcional el discurso de la legítima defensa para poder instalar el debate de la portación de armas, una iniciativa que vienen impulsando desde el Ministerio que dirige Patricia Bullrich y que en el mes de mayo ingresó al Congreso de la Nación como un proyecto formal.

El objetivo del proyecto tiende a facilitar los trámites que un ciudadano debe realizar para la compra de un arma de fuego, similar al sistema que se implementa en Estados Unidos, el cual genera una enorme polémica por la cantidad de crímenes evitables que se realizan en espacios públicos, principalmente por el acceso de menores a las mismas y los tiroteos que estos producen en las escuelas.

En un comunicado, el Ministerio de Seguridad explicó que: "En Argentina hay más de 800.000 armas de fuego con tenencia irregular: este Gobierno tiene la convicción de promover y facilitar el acceso legal y legítimo a la tenencia de armas de fuego", justificaron.

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Pero como suele ocurrir con otros tipos de debates, Argentina siempre está a la sombra de lo que ocurre en el exterior, y si de armas hablamos es imposible no tomar como ejemplo el caso de Estados Unidos, donde la venta de armas está al alcance de la mano de cualquier ciudadano.

Por este motivo, cada vez que ocurre un atentado, o un hecho noticioso en donde hay víctimas por disparos con armas de fuego en el país norteamericano, el debate vuelve a encenderse en nuestro país por quienes están en contra de esta medida. 

Más allá de esto y de la visión sobre lo que podría pasar a futuro en caso de que el acceso a las armas sea más fácil para todos, vale recordar que en el país ya hay personas que portan armas de forma legal.

Una realidad poco conocida

En el año 2022, luego del atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de su casa, a manos de un hombre armado, se supo que el revólver utilizado para el ataque era de una persona que había fallecido, por lo que la tenencia era ilegal.

En tanto, de esta manera, desde la prensa comenzaron a difundirse datos que se sumaron al debate, y que dan cuenta que en Argentina existen 1.088.012 “legítimos usuarios” de armas de fuego, aunque el 75% cuenta con su credencial vecina.

Actualmente, para poder utilizar una pistola en el país se debe solicitar una credencial a la ANMAC, la cual se otorga una vez aprobado un examen psicofísico, y luego de que se presente un certificado de inexistencia de antecedentes penales. Además, el solicitante debe ser mayor de 21 años.

Sin embargo, un informe que fue publicado por la ANMAC en el año 2017, dio cuenta de que al menos 2 millones de armas circulan en el marcado negro, lo que evidencia un claro problema en relación a este interminable debate.

Ahora, la pregunta es: ¿puede el Gobierno actual con su iniciativa ponerle fin a la clandestinidad de este mercado?

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