En una sesión maratónica, atravesada por cruces ásperos y un clima enrarecido por las movilizaciones en las calles y el paro general de la CGT, el oficialismo consiguió darle media sanción en la Cámara de Diputados a la reforma laboral. Con 135 votos afirmativos y 115 negativos, el proyecto avanzó y ahora deberá ser tratado por el Senado.
La votación en general expuso un mapa político que se vuelve cada vez más claro. La Libertad Avanza obtuvo el acompañamiento de sus aliados de Fuerzas del Cambio (UCR, MID y PRO), además de Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia y un puñado de monobloquistas. En la vereda de enfrente se encolumnaron Unión por la Patria, la mayoría de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y legisladores como Marcela Pagano, Natalia de la Sota y el puntano Jorge Fernández.
Ahora, para convertirse en ley la iniciativa deberá ser ratificada por el Senado, especialmente luego de que se eliminara el artículo 44, que establecía una rebaja salarial para trabajadores accidentados o con enfermedades fuera del ámbito laboral. En la votación en particular, el oficialismo logró blindar los 26 títulos y los 218 artículos del texto.
Entre los puntos más controvertidos figuran cambios en el régimen de indemnizaciones y la creación del Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de los convenios colectivos, la restricción de tutelas sindicales, la limitación del derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales y el desfinanciamiento del INCAA.
El trámite parlamentario del proyecto no tendrá respiro. El oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto para este viernes a las 10, con la intención de firmar dictamen y llevar el proyecto al recinto del Senado el 27 de febrero, en la antesala de la Asamblea Legislativa en la que el presidente Javier Milei inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso.
Un arranque escandaloso en Diputados
La sesión arrancó con 130 diputados sentados en sus bancas, aportados por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo. También jugaron su ficha gobernadores que facilitaron el quórum, entre ellos los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), además de mandatarios provinciales y radicales.
Pero el primer cortocircuito no tardó en estallar. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, puso a votación a mano alzada el plan de labor, lo que desató la furia de Unión por la Patria. Varios legisladores abandonaron sus bancas y se dirigieron al estrado para exigir que se rectificara el procedimiento, en una escena que elevó la temperatura política desde el minuto cero.
Cruces y rechazos a la reforma
El presidente de la comisión de Trabajo, Lisandro Almirón, defendió el proyecto al sostener que el actual marco regulatorio “expulsa a las personas de la formalidad” y que el país arrastra desde hace décadas la incapacidad de generar empleo genuino. Según argumentó, más del 50% de los trabajadores se encuentra en la informalidad, sin aportes ni cobertura social.
“No podemos ignorar la realidad de la que partimos y la realidad es que hoy el 55% de las personas están en la informalidad. Millones de argentinos trabajan por afuera del encuadre de las leyes vigentes sin aportes, sin obra social”, graficó.
Desde Unión por la Patria, Germán Martínez advirtió que, si el peronismo vuelve al poder, la norma será derogada de inmediato. La calificó como “absolutamente antiobrera” y aseguró que no moderniza el sistema laboral sino que lo retrotrae a etapas “pre peronistas y pre yrigoyenistas”.
En sintonía crítica, Miguel Pichetto, de Encuentro Federal, cuestionó el esquema de convenios por empresa impulsado por el oficialismo y defendió la negociación colectiva tradicional con representación sindical.
Desde el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola rechazó el argumento del costo laboral y apuntó contra las tasas de interés, la especulación financiera y la fuga de capitales como los verdaderos problemas estructurales.
Por su parte, Martín Lousteau sostuvo que el país necesita una reforma laboral, “pero no ésta”, y cuestionó las prioridades fiscales del Gobierno. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade anticipó un escenario de alta litigiosidad e inconstitucionalidades si la norma avanza.
En el tramo final del debate, Máximo Kirchner reiteró su rechazo al proyecto al considerar que “va a fracasar” y aclaró que su postura no responde a caprichos partidarios sino a la convicción de que la iniciativa no resolverá los problemas del empleo en la Argentina.