Horas antes del debate entre candidatos a Presidente se preveía que el caso de Julio ‘Chocolate’ Rigau, el histórico dirigente del Partido Justicialista (PJ) que usaba tarjetas de la Legislatura bonaerense para extraer dinero, iba a ser parte de la discusión entre los postulantes. Durante el tramo final del intercambio, la presidenciable de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, retomó la polémica y le pidió explicaciones al ministro de Justicia bonaerense y candidato a intendente de La Plata, Julio Alak, sobre la decisión de los dos camaristas que decidieron anular la causa y liberarlo.
La ex titular del PRO hizo mención al hecho luego de que la candidata del Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad, Myriam Bregman acuse a JxC de formar parte del caso que sacude a la Legislatura bonaerense. “Todos los implicados en esa causa son del peronismo, son de (Martín) Insaurralde, el que maneja la Cámara de Diputados bonaerense, son de (Sergio) Massa, pedile explicaciones a él”, replicó Bullrich.
Y cerró: “(Axel) Kicillof y el ministro de Justicia bonaerense no dieron ninguna explicación sobre por qué cerraron la causa”. El pasado 25 de septiembre, Julio Alak se refirió por primera vez al caso desde un acto en el barrio de La Loma: “Ni lo conozco, ni me interesa. Es un tema que está absolutamente fuera de mi pensamiento. Yo no tengo ni idea, no lo vi en mi vida a ese ‘Chocolate’. Hay que preguntarle al Presidente de la Cámara (Federico Otermín) y a los presidentes de los bloques”.
El lunes pasado, el diputado nacional Ricardo López Murphy; el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel; y la candidata a Senadora bonaerense de Juntos por el Cambio, María Eugenia Talerico, presentaron un jury de enjuiciamiento contra los jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, que resolvieron anular la causa y dictar la liberación de Rigau
El documento, que ya está en poder de la Suprema Corte bonerense, pide que se inicie un proceso para investigar y determinar si “incurrieron en mal desempeño de sus funciones o, en el extremo, si podrían haber incurrido en delitos en el cumplimiento de sus funciones, que habiliten promover la acción de remoción”.
En la presentación de 16 hojas que ingresó en las últimas horas a la Justicia, los representantes de JxC reclamaron la continuidad de la investigación y denunciaron la existencia de una presunta organización delictiva con el objetivo de defraudar al Estado. “Creemos que resulta evidente que semejante cantidad de tarjetas para extraer dinero público en poder de una sola persona, demuestran que no actúa solo y que forma parte de un armado mayor de corrupción, de presta nombres, de padrinos políticos que se han organizado para defraudar al Estado”, expresaron en uno de los artículos.
