El jefe de gabinete Manuel Adorni y su hermano, Francisco (legislador bonaerense) atraviesan una investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
Los hermanos Manuel y Francisco Adorni, una historia de superación patrimonial
La causa que envuelve a los hermanos Adorni cambió de escala en menos de 24 horas. Lo que ayer fue noticia por la imputación del diputado bonaerense Francisco Adorni por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, hoy se profundiza con tres movimientos en simultáneo.
Po un lado, el avance judicial sobre el patrimonio del hermano platense, posposición de la sesión opositora en Diputados y un capítulo nuevo en la causa que apunta directamente al jefe de Gabinete, con dólares en efectivo de por medio.
Lo cierto es que cada hora que pasa, la investigación judicial brinda nuevos datos que aportan a desentramar el complejo crecimiento patrimonial que atraviesan los Adorni.
El juez federal Sebastián Casanello dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, el diputado bonaerense por La Libertad Avanza que ayer quedó formalmente imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La medida le abre al fiscal Guillermo Marijuán el acceso a los movimientos de cuentas, inversiones y operaciones tributarias del legislador platense. Es un paso técnico, pero pesado en términos políticos: implica que la Justicia pasa de la denuncia formal a la investigación operativa, con herramientas para reconstruir el verdadero estado patrimonial del funcionario.
El fiscal ya pidió informes a más de 30 organismos públicos y entidades financieras. Las dudas, recordemos, se centran en el salto patrimonial declarado por Francisco Adorni de aproximadamente $40 millones a más de $80 millones en poco más de un año, una expansión que se explicaría —según su DDJJ— por la compra de una camioneta Jeep Renegade en noviembre de 2025 y la cancelación de un crédito hipotecario de $60 millones del Banco Provincia en apenas doce meses.
A esto se le suma una segunda línea de investigación: el presunto desfalco del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), el organismo que Francisco Adorni encabezaba antes de asumir su banca como diputado bonaerense. Una imputación que combina sospechas patrimoniales personales con un eventual perjuicio al Estado, lo que cambia la dimensión judicial del caso.
La sesión especial que la oposición en el Congreso de la Nación había convocado para este jueves 14 con el objetivo de empujar la interpelación al jefe de Gabinete se cayó por falta de quórum.
Los cálculos informales daban a los bloques firmantes —Provincias Unidas, Coalición Cívica y Frente de Izquierda— unas 110 presencias confirmadas, lejos de las 129 necesarias para sesionar. El elemento decisivo fue Unión por la Patria. El kirchnerismo, que no había firmado el pedido original y había manifestado malestar por quedar afuera de las negociaciones, no garantizó la bajada al recinto.
La oposición prefirió entonces posponer la sesión y volver con una nueva convocatoria la semana próxima. Esta vez, con la firma de Unión por la Patria y un temario ampliado que incluye, además de los proyectos contra Adorni, pedidos sobre licencias por paternidad, programa Remediar, prestaciones del PAMI y un informe a Sandra Pettovello.
El tercer movimiento del día llegó por el lado del propio Manuel Adorni y su expediente personal. Un nuevo testigo declaró bajo juramento ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y aportó datos que complican aún más al jefe de Gabinete.
Se trata de José Luis Rodríguez, vecino de Adorni en el country Indio Cuá. Rodríguez confirmó que el funcionario y su familia le pagaron, durante 18 meses, un total de US$21.000 en efectivo por el alquiler de su casa, distribuidos en tres tramos:
Enero y febrero de 2024: US$5.600. Acordado en octubre de 2023, cuando Adorni todavía no era funcionario.
Marzo 2024 a marzo 2025: US$13.000. El contrato principal por un año.
Tres meses de extensión: US$2.400, mediante acuerdo verbal, mientras Adorni terminaba la obra en la casa que había comprado dentro del mismo country en noviembre de 2024.
La aparición de US$21.000 en efectivo en una operación inmobiliaria es jurídicamente sensible. Se suma a los US$245.000 que Adorni habría pagado por la remodelación de su casa propia —obra ejecutada por el contratista Matías Tabar entre septiembre de 2024 y julio de 2025— y a los chats previos a su declaración como testigo que motivaron el pedido de Marcela Pagano de aplicar la «doctrina Irurzun».
Sumando alquiler, compra de la casa y remodelación, Adorni acumula compromisos en dólares por más de US$725.000 en menos de dos años, según relevamientos del expediente. La pregunta que ordena toda la causa es la misma: ¿cómo se condice ese flujo con los ingresos declarados por el funcionario
el otro adornmi