Luego de que el Gobierno nacional decidiera reemplazar, por decreto, la Administración General de Puertos (AGP) por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), desde el Puerto La Plata (PLP) alertaron que la medida atenta contra el federalismo y que favorece a negociados privados. Además, referentes del sector expusieron el impacto de esta decisión en el avance del proyecto de dragado del Canal de Magdalena.
“Está todo armado para favorecer a las grandes corporaciones”, expresó el presidente del PLP, José María Lojo, en diálogo con El Editor Platense y subrayó que la medida “es un jalón adicional en un proceso que se viene dando desde que llegó el Gobierno nacional que consiste en ir desarticulando el control federal para centralizar las decisiones”.
En la misma línea, Lojo destacó una serie de medidas del Gobierno como la reducción del Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable Troncal (ECOVINA) y la eliminación del Consejo Portuario Argentino para centralizar el poder de decisión sobre la actividad en ríos en la esfera del Ministerio de Economía que comanda Luis Caputo.
“Están mirando qué negocios favorecen y sacar las decisiones de la cuestión de la logística y la producción que es lo que interesa a los argentinos. Prevalecen los intereses particulares, sectoriales y corporativos por encima de los del pueblo y las provincias”, sumó José María Lojo.
El titular del PLP remarcó que el Gobierno nacional no considera a los sectores que forman parte del sistema productivo portuario y de la navegación al momento de tomar decisiones con impacto directo sobre el sector. “A los responsables de las actividades portuarios y de la navegación solo se nos convoca para hacer un acting de participación. Las reales conversaciones en las que se toman las decisiones son con las corporaciones globales que hacen negocios con esta cuestión”, precisó.
Tras la decisión del Gobierno nacional de reemplazar la AGP por la ANPYN, uno de los interrogantes que surgieron en la región fue el posible impacto que podría causar en el avance del proyecto sobre el dragado del Canal de Magdalena. De acuerdo al análisis de Lojo, la decisión del Ejecutivo de avanzar con políticas que aborden la cuestión portuaria y de las vías navegables con un paradigma corporativo atenta contra el proyecto de un “sistema integral pensado para el beneficio del desarrollo económico del país con una salida al mar razonable” como la del mencionado canal.
“En los pliegos de licitación que se hicieron para la nueva concesión se excluye la salida más lógica al mar, que es el Canal Magdalena, y por el contrario se pretende o se insinúa la posibilidad de profundizar la salida existente, lo cual es altamente costoso, improductivo, y que a lo largo de los años significaría mantener una condición muy inconveniente y costosa”, precisó Lojo.
En este marco, el referente portuario remarcó la decisión de la Provincia de Buenos Aires de hacerse cargo de las obras para concretar el histórico proyecto sobre el que Nación se resiste a avanzar con recursos propios, pero también a ceder a la administración de Axel Kicillof. “Con los beneficios que tiene se recupera lo invertido en dos años y medio”, expuso.
“Pero si hacemos eso las inversiones que están realizando las multinacionales del transporte en el puerto de Montevideo se verían perjudicadas y estas tienen muy buen vínculo con el Gobierno. Me parece que eso es lo que está frenando que las cosas no se hagan como se tienen que hacer. Las corporaciones están diseñando los sistemas exclusivamente en su favor, minimizando lo que ellos pueden considerar costos innecesarios que son las infraestructuras para el desarrollo regional y del interior del país y asegurándose la concentración del negocio en los puntos que ellos tienen bajo control”, cerró.